Las entidades sociales Apoyo Mutuo, Haritu, Salhaketa Nafarroa, Elkarte, Lantxotegi, Punto de Información para Personas Migradas (PIM), Sindicato de Vivienda Sozialista Iruñerria, Oxfam Intermón, Dar Etxea y SOS Racismo Nafarroa han denunciado este martes la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que viven en la calle, especialmente en el contexto de la ola de frío que afecta a la ciudad.
En una rueda de prensa, estos colectivos han expresado su preocupación por el hecho de que decenas de personas continúan sin acceso a un alojamiento digno, señalando que las actuales normativas de acceso a los recursos sociales excluyen a muchas de ellas, especialmente aquellas que no pueden demostrar un año de residencia en la ciudad.
Críticas a la gestión institucional
Los colectivos han criticado que la respuesta de las instituciones se limite a protocolos que no garantizan la cobertura de necesidades básicas como alojamiento, alimentación, higiene y atención social. En este sentido, han denunciado que los servicios sociales municipales no son accesibles para todas las personas y han acusado a la administración de actuar con criterios restrictivos que perpetúan la exclusión.
Asimismo, han rechazado lo que consideran una criminalización de los colectivos que acompañan a las personas en situación de calle. «Las barreras burocráticas imponen una exclusión sistemática. Los acompañamientos no son una amenaza, sino una forma de garantizar el acceso a los derechos», han subrayado.
Exigencias al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona
Los colectivos han exigido al Gobierno de Navarra que habilite de inmediato recursos de alojamiento y alimentaciónpara todas las personas sin hogar y que diseñe un programa integral que garantice sus derechos en todo el territorio.
Además, han instado al Ayuntamiento de Pamplona y a los consistorios de la comarca a facilitar el empadronamiento de las personas sin hogar sin exigir un tiempo mínimo de residencia. «El acceso a los derechos básicos no puede depender de la voluntad política de cada administración», han remarcado.
Para finalizar, han defendido el derecho de las personas afectadas y de los colectivos sociales a organizarse y movilizarse, insistiendo en la necesidad de un modelo que garantice el bienestar de toda la población sin exclusiones.
