El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción histórica de 64,05 millones de euros a Airbnb por publicar miles de anuncios de viviendas turísticas sin licencia y por incurrir en prácticas consideradas desleales y engañosas para las personas consumidoras. La resolución, ya firme en vía administrativa, ha sido confirmada tras la desestimación del recurso de alzada presentado por la plataforma y resuelto por el ministro Pablo Bustinduy.
Según ha informado el ministerio de Consumo, la multa asciende exactamente a 64.055.311 euros y responde a infracciones detectadas en un total de 65.122 anuncios alojados en la plataforma. Además de la sanción económica, la resolución obliga a Airbnb a retirar los contenidos ilícitos y a hacer pública la multa impuesta.
La infracción principal, calificada como grave, se refiere a prácticas comerciales desleales al anunciar alojamientos turísticos sin el preceptivo número de licencia o con numeraciones que no se corresponden con los registros oficiales exigidos por la mayoría de las normativas autonómicas. También se reprocha a la compañía haber ofrecido información engañosa sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, induciendo a error a los consumidores.
La cuantía de esta sanción equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el tiempo en que los anuncios permanecieron publicados tras el apercibimiento del Ministerio. En este punto, Consumo recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había respaldado en autos previos la orden de retirada dictada por la Administración.
Junto a esta multa principal, la resolución incluye otras sanciones adicionales: 10.000 euros por omitir información obligatoria en los contratos celebrados a distancia; otros 10.000 euros por obstrucción a la labor inspectora, al no atender los requerimientos de información durante la instrucción del expediente; y 55.000 euros más por incumplir medidas provisionales dictadas para evitar perjuicios a los consumidores mientras se tramitaba el procedimiento.
Desde el Ministerio subrayan que esta actuación se enmarca en una estrategia más amplia para hacer frente a la crisis de la vivienda. En este sentido, Consumo mantiene abiertos otros expedientes sancionadores contra agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas en el alquiler.
“El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas del país”, ha señalado Bustinduy, quien ha advertido de que “hay miles de familias que viven al límite mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”. El ministro ha sido tajante al concluir que “ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley”.
