FEPA denuncian que las trabas burocráticas dejan a la juventud extutelada en un callejón sin salida, sin oportunidades de futuro y condenados a la precariedad
La Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA), que aglutina a 68 organizaciones de toda España, ha lanzado la campaña #UnCallejónSinSalida que denuncia la situación de gran vulnerabilidad en la que quedan los menores extranjeros no acompañados una vez alcanzan la mayoría de edad y piden el cambio del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 para que estos y estas jóvenes salgan del sistema de protección con un permiso de residencia y trabajo de manera automática.
Muchas de las personas migrantes que están llegando a día de hoy a las costas Canarias son menores no acompañados. De no cambiarse la ley, al cumplir la mayoría de edad, se enfrentarán a una serie de trabas burocráticas que les condenarán a la vulnerabilidad y a la precariedad y que les privarán de la oportunidad de hacer realidad sus proyectos vitales.
Cuando un menor extranjero alcanza la mayoría de edad puede hacerlo bajo dos circunstancias: con permiso de residencia o, en algunos casos, sin él, pero en ningún supuesto será titular de un permiso de trabajo. En el primer caso, – sin autorización de residencia- la ley contempla una residencia que se conoce como “por circunstancias excepcionales” y uno de los requisitos para su obtención es que el o la joven tenga “medios económicos suficientes para su sostenimiento”, en una cantidad que representa el 100% del IPREM; es decir, 537,84 euros al mes.
En el caso de que el o la menor cumpla 18 años con permiso de residencia, deberá proceder a la renovación del mismo después de un año. Para esa primera renovación, la ley exige declarar también una fuente de ingresos de 537,84 euros al mes y del 400% del IPREM, es decir 2.151 euros mensuales, a partir de la segunda renovación. Estos medios de vida, desde ahora, no pueden proceder ni de prestaciones públicas ni de ayudas sociales que les proporcionan entidades como las que conforman FEPA.
La Federación denuncia que la ley cae en una gran incoherencia pidiendo unos medios de vida propios a estos y estas jóvenes para que dispongan de un permiso de residencia sin tener permiso de trabajo. Y para modificar dicho permiso por uno que les permita trabajar, se exigen unos requisitos difíciles de cumplir, cómo tener una oferta de trabajo de un año y a jornada completa. Es decir, la normativa deja a los y las jóvenes en un callejón sin salida del que es difícil salir.
Para FEPA, la legislación actual pone la condición de extranjero por delante de la de persona extutelada. “Esta ley supone una confrontación con las leyes de protección del menor, incluyendo tratados internacionales ratificados por España, como la Convención de Derechos del Niño de la ONU”, aseguran en el Manifiesto que han publicado. Es por ello que desde la Federación y al amparo de las Recomendaciones del Defensor del Pueblo, exigen la reforma de los artículos 196, 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Extranjería para establecer así la posibilidad de que las personas jóvenes extuteladas de origen extranjero puedan gozar de derechos para tener una vida digna.
Un callejón sin salida para las personas jóvenes extranjeras extuteladas
La campaña ‘Un callejón sin salida’ denuncia que la actual normativa y su puesta en práctica suponen un callejón sin salida para la juventud extutelada e insta al Estado a no pasar por alto esta vulneración flagrante de los derechos básicos para un colectivo tan inocente como es la juventud extranjera no acompañada.
“Buscamos implicar a todo el tejido social en nuestras demandas y, frente a la injusticia, los laberintos legales y las trabas administrativas, apostaremos por una integración real de toda la juventud extutelada, para que puedan -como desean- contribuir a la construcción de una sociedad mejor”, aseguran desde FEPA, que también ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para sumar apoyos a esta causa.
Fuente Comunicae
