El futuro servicio de bicicleta eléctrica compartida de Pamplona empieza a tomar forma comarcal. Este jueves, en la sede de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), representantes de quince municipios se reunieron con el Ayuntamiento de Pamplona y la propia Mancomunidad para dar un primer paso formal hacia la adhesión al sistema. Entre todos suman 40 bases y 400 bicicletas, que se añadirían a las 50 bases y 500 bicis previstas para la capital: un total de 90 bases y 900 bicicletas eléctricas en toda la Comarca.
Quién quiere cuántas bicis
Los municipios con mayor demanda son el Valle de Egüés, con 6 bases y 60 bicicletas, y Barañáin y Berrioplano, con 5 bases y 50 cada uno. El Valle de Aranguren solicita 4 bases y 40 bicis; Burlada y Berriozar, 3 bases y 30. La Cendea de Galar, Villava, el Valle de Esteríbar, Zizur Mayor y Orkoien se han interesado por 2 bases y 20 bicicletas. Cizur Menor, Huarte, Ezcabarte y Ansoáin optan por la incorporación más modesta: 1 base y 10 bicis.
Un acuerdo marco a diez años con una sola empresa
El modelo elegido es un acuerdo marco de diez años adjudicado a una única empresa, con el fin de garantizar la compatibilidad de todos los elementos del sistema. De ese contrato principal se derivarán los sucesivos contratos de ampliación. El primero cubrirá el despliegue en Pamplona; el segundo, las bases solicitadas por los quince municipios. Habrá al menos tres convocatorias más —una por año hasta 2028— para que otros ayuntamientos puedan incorporarse. Ese año, previsiblemente, la Mancomunidad asumirá la gestión del servicio en toda la Comarca.
¿Cuánto le costará a cada ayuntamiento?
La propuesta de financiación presentada por la MCP establece como precios de licitación —mejorables por las empresas licitadoras— un desembolso inicial de 25.000 euros por base, más unos 10.000 euros de obra de acometida eléctrica. A eso se suma una aportación anual por los costes de operación de cada bicicleta (245 euros al mes por unidad) y los costes de gestión del sistema, prorrateados entre todos los municipios según el número de bases. Se estima que los ingresos por tarifas de uso cubrirán un 33% de los costes de operación, lo que reduciría en esa proporción la factura anual de cada ayuntamiento. Cuanto más se use el sistema, menos tendrán que poner los municipios.
