El Defensor del Pueblo de Navarra ha recomendado al Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera que levante la suspensión del procedimiento de reconocimiento como víctima de Joxe Miguel Etxeberria, conocido como Naparra, desaparecido en junio de 1980, y cuyo cuerpo no ha sido todavía encontrado, en un caso que apunta a actos de motivación política atribuibles a grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, más concretamente al Batallon Vasco Español.
El expediente, tramitado al amparo de la Ley Foral 16/2019 de reconocimiento y reparación de víctimas, fue admitido a trámite en marzo de 2025 por la Comisión de Reconocimiento y Reparación.
Ahora su hermano Eneko Etxeberría ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, ya que apenas tres meses después, en junio de 2025, el Director General de Memoria y Convivencia resolvió suspender su tramitación amparándose en que existía una causa judicial abierta, tal y como permite el artículo 10.5 de dicha ley foral.
El nudo del conflicto
La causa penal no está activa: se encuentra en sobreseimiento provisional y archivada, tras haberse agotado todas las vías de investigación, incluida una comisión rogatoria a las autoridades francesas. El Ministerio Fiscal solicitó el archivo porque las búsquedas del cuerpo resultaron infructuosas. El Defensor sostiene que hablar de causa "abierta" en ese contexto es una interpretación demasiado extensiva de la ley.
El Defensor recuerda que la Ley Foral de Memoria tiene una finalidad reparatoria, no punitiva, y que subordinar indefinidamente el reconocimiento administrativo a una vía penal que está archivada —aunque sea de forma provisional— priva a la familia de una reparación que la norma pretende garantizar. La institución advierte además de que el sobreseimiento provisional no implica que la causa esté viva, sino simplemente que podría retomarse si aparecieran nuevos indicios.
Para apoyar su criterio, el Defensor cita un precedente de la Comisión de Valoración del País Vasco, que ante una situación procesal similar optó por reanudar la tramitación del expediente al considerar que la vía judicial estaba, por el momento, agotada.
Como en otros casos, el Departamento de Memoria y Convivencia dispone de un plazo máximo de dos meses para comunicar si acepta la recomendación y las medidas que adoptará. Si la rechaza sin justificación, el caso podrá ser incluido en el informe anual que el Defensor presenta ante el Parlamento de Navarra.
