El Consejo de Ministros extraordinario convocado para este viernes tenía sobre la mesa un amplio paquete de rebajas fiscales centrado en los precios de la energía, pero las discrepancias internas con Sumar han bloqueado por el momento su aprobación. El decreto buscaba dar una primera respuesta al impacto económico de la guerra de Irán sobre hogares y empresas, en un contexto de fuerte tensión en los mercados energéticos y encarecimiento de los combustibles.
Según el esquema trabajado por el ala socialista del Ejecutivo, el plan incluía la reducción del IVA de los carburantes del 21% al 10%, así como la rebaja del IVA de la luz y el gas al 10%, acompañada de una disminución del impuesto especial sobre la electricidad y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. El objetivo era abaratar de forma rápida la factura de gasolina, diésel y suministros energéticos, priorizando el alivio al consumo frente a la recaudación en plena escalada de precios.
El choque se ha producido con Sumar, socio minoritario de la coalición, que reclama ir más allá del enfoque estrictamente fiscal y reincorporar medidas de corte social y de intervención en el mercado que el PSOE por ahora relega. La formación exige que el decreto anticrisis incluya, entre otros elementos, la recuperación de la denominada “excepción ibérica” para topar el precio del gas, el restablecimiento del impuesto extraordinario a las grandes energéticas y límites a los precios de la energía y de determinados alimentos.
Además, Sumar presiona para introducir en el texto medidas en materia de vivienda, como la prórroga de alquileres para familias vulnerables, así como un refuerzo del llamado escudo social que fue tumbado recientemente en el Congreso. El sector socialista del Gobierno, sin embargo, defiende concentrar este primer decreto en la respuesta inmediata a la crisis energética y ha descartado, al menos en esta fase, intervenir el mercado del alquiler o las hipotecas.
La falta de acuerdo ha derivado en un “plante” de las fuerzas de Sumar, que condicionan su apoyo a que se incorporen buena parte de sus demandas, dificultando que el Consejo de Ministros cierre hoy el paquete de forma definitiva. En paralelo, Moncloa ha mantenido contactos con los grupos parlamentarios –salvo Vox– para asegurar que la futura convalidación del decreto en el Congreso se sustente en un bloque de aliados que respalde unas medidas presentadas como de “consenso”.
Mientras tanto, sectores como el transporte, la industria electrointensiva y los consumidores vulnerables aguardan la concreción de las ayudas prometidas, que incluyen refuerzos del bono social eléctrico y la prohibición de cortes de suministro para los hogares más golpeados por la subida de la energía.
El desenlace del pulso entre PSOE y Sumar será clave para determinar el alcance final del decreto y la profundidad de la respuesta del Gobierno a esta nueva fase de la crisis energética
