El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad una resolución por la que se urge al Gobierno de Navarra a “potenciar el empleo con apoyo en el acceso a la función pública, como herramienta de éxito de inclusión de personas con discapacidad en el empleo público”.
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se solicita al Ejecutivo Foral que “la inspección de trabajo vele por el cumplimiento de la cuota de reserva del 2 % de contratación de personas con discapacidad que las empresas ordinarias con más de 50 trabajadores deben cumplir”.
Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se pide que “el seguimiento de esta moción lo haga la Comisión de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo”.
El texto original de la moción contenía otros tres puntos, que han sido rechazados con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y los votos a favor de UPN, PPN y Vox.
En el primero, se instaba al Gobierno de Navarra a “incrementar las ayudas a la inversión en los Centros Especiales de Empleo, al menos doblándola, y a flexibilizar el acceso a las mismas, de cara a facilitar que estas empresas puedan crear y/o mantener empleo”.
En el segundo, se emplazaba al Ejecutivo Foral a “modificar o adaptar la convocatoria de ayudas a inversiones del Departamento de Industria, con el fin de que los Centros Especiales de Empleo puedan concurrir a la misma”.
Y en el tercero, se exhortaba al Gobierno de Navarra a “dictar una instrucción a su intervención para que no fiscalice favorablemente expedientes de contratación que tengan como objeto servicios, obras o suministros que realicen los Centros Especiales de Empleo cuando no estén cumpliendo el 6 % de la reserva de contratos”.
Contigo-Zurekin ha defendido una enmienda de sustitución a este último epígrafe del texto original, no aceptada por UPN, titular de la iniciativa, proponiendo “continuar con la implementación de la planificación de la reserva de contratos del artículo 36 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos”.
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por UPN reivindica el derecho al trabajo como “la mejor política social y una de las principales vías de inclusión para las más de 35.000 personas con discapacidad -la mayor cifra de los últimos once años-, existentes en Navarra, donde se hace necesario perfeccionar los mecanismos de acceso al empleo, tanto en la esfera pública como en la privada.
A tal objeto, para procurar puestos de trabajo de “calidad” desde el respeto absoluto a los valores de “igualdad y no discriminación, se llama a “integrar” a las personas con discapacidad, responsabilidad que atañe de manera especial al Gobierno de Navarra y, por ende, a las diferentes administraciones públicas, donde es preciso generar las condiciones necesarias para posibilitar un “aprendizaje conjunto” a partir de” ideas y perspectivas innovadoras”.