El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona ha adelantado esta tarde en el Pleno que propondrá una rebaja del tipo de gravamen al mínimo legal establecido (0,25%) para contener la subida de la contribución prevista tras la actualización de los valores catastrales por la nueva Ponencia de Valoración. Esto implicaría una bajada de casi el 40% respecto al tipo de gravamen que se aplica hoy, lo que permitiría compensar la adecuación de la contribución a los nuevos valores catastrales que, de media, suben un 90,79% en el conjunto de la ciudad. Así, la previsión es que la contribución suba en todos los barrios por la obligación legal de actualizar la ponencia (no se hacía desde 1998), pero no a los niveles que lo haría si se mantuviera el actual gravamen.
Hay que aclarar que la contribución se aplica por inmuebles, parcelas, naves o construcciones individuales y no por zonas ni barrios. Un ejemplo práctico que podría ilustrar la propuesta anunciada hoy sería aplicar los índices correctores a la subida de un piso que viera incrementado su valor catastral en torno al 120%. En ese caso y aplicando el actual tipo de gravamen (0,3979%), la contribución le subiría a la persona o entidad propietaria un 120% (justo el incremento del valor catastral), mientras que si se aplica el mínimo legal (0,25%), la subida se laminaría hasta un 38% porque también bajaría el punto de partida para su cálculo (el valor de la contribución que se paga actualmente).
Un ejemplo monetario: si una persona propietaria paga en la actualidad 170 euros de contribución anual por un piso cuyo valor catastral sube un 120%, si se mantiene el tipo actual esa persona pagaría lo mismo que está pagando ahora más un 120% (en este ejemplo, 374 euros). Sin embargo, si se rebaja el gravamen al 0,25% (es decir casi un 40% menos respecto a lo que se cobraba hasta ahora) esa subida final, pese al incremento del valor catastral, se lamina hasta el 38% (es decir, 234,6 euros).
Obligación legal, más inversión pública y bonificaciones a las rentas más bajas
Según los informes elaborados por la empresa pública Tracasa (autora de la nueva ponencia de Valoración), el conjunto de bienes inmuebles y terrenos de Pamplona estarían valorados en la actualidad en 19.668,7 millones de euros, frente a los 10.309,1 millones recogidos en la anterior Ponencia de Valoración, realizada hace 25 años. Son esos datos, los de 1998, los que se siguen utilizando a día de hoy para calcular la contribución, pese a que la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la riqueza territorial y de los catastros de Navarra obliga a que esa ponencia se actualice al menos una vez cada 5 años.
No obstante, en Pamplona este documento lleva sin actualizarse completamente cinco lustros y en ese periodo sólo se han llevado a cabo dos actualizaciones parciales, en 2006 y 2016, que han sido insuficientes para regularizar la situación y adecuar la capacidad de ingresos del Ayuntamiento a la realidad de la ciudad.
Los efectos prácticos de no cumplir con la obligación de actualizar esta ponencia es que se reduce notablemente la capacidad de ingresos directos del Ayuntamiento (en muchos inmuebles la contribución que pagan sus titulares es la misma desde hace 25 años), lo que lastra las posibilidades de gasto e inversión pública, limita la cartera de servicios y refuerza la dependencia de las transferencias de capital de otras administraciones. Según las estimaciones de la empresa pública Tracasa, por cada año que se ha incumplido la obligación de actualizar la Ponencia, el Ayuntamiento habría dejado de ingresar e invertir 10 millones de euros.
Además, existe una grave consecuencia a nivel social: Pamplona, último de los grandes núcleos urbanos en los que no se había actualizado la Ponencia de Valoración, no puede aplicar las bonificaciones que contempla la ley tributaria en Navarra para ayudar a las rentas más bajas. Y es que esa legislación (Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra) establece la posibilidad de que los entes locales puedan bonificar hasta el 90% de la contribución urbana a quienes menos tienen, siempre y cuando se aplique esa bonificación a su vivienda habitual.
La propuesta no cristalizará hasta el debate de las Ordenanzas Fiscales 2025
Aunque en el Pleno de hoy, que marcaba la aprobación inicial de la Ponencia de Valoración, se ha adelantado la propuesta que baraja el equipo de gobierno, lo cierto es que los valores finales de la contribución que se aplicarían a cada inmueble en 2025 no se fijarán definitivamente hasta finales de octubre o principios de noviembre, que será cuando los grupos municipales debatan las Ordenanzas Fiscales.
Antes hay que completar otros pasos. Una vez aprobada inicialmente la Ponencia de Valoración (se ha hecho hoy), se prevé que se publique en el Boletín Oficial de Navarra a mediados de este mes y, a partir de ahí, se abrirán veinte días de audiencia pública para la presentación de alegaciones, que se responderán durante el verano. Se elaborará un informe relativo a esas alegaciones formuladas y será la constitución de la Comisión Mixta entre Riqueza Territorial y Ayuntamiento quien resuelva.
En la primera quincena del mes de septiembre, se aprobará el documento definitivo con las aportaciones que se consideren y volverá a publicarse en el Boletín Oficial de Navarra. El objetivo es poder concluir todas las tramitaciones administrativas para finales de octubre e iniciar así el volcado de datos.
