EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin presentarán una declaración ante el pleno del Ayuntamiento de Pamplona para condenar las agresiones físicas y verbales sufridas por periodistas durante la concentración celebrada el pasado día 2 en la plaza del Ayuntamiento en apoyo a Ceuta, y para denunciar la participación de UPN, PP y Vox en una movilización convocada por una organización que portaba pancartas reclamando la denominada "remigración".
Los tres grupos califican de especialmente grave la secuencia de ataques contra profesionales de los medios, a los que consideran un intento de "amedrentar e impedir que estos profesionales puedan desarrollar libremente su labor informativa", y denuncian la pasividad mostrada ante esos hechos por responsables públicos de algunos partidos con representación en el Ayuntamiento y en el Parlamento de Navarra.
Las tres formaciones subrayan que la concentración fue convocada por el Movimiento Cívico por el Pueblo, organización que exhibió pancartas reclamando la "remigración", un concepto que, advierten, ha sido asumido por movimientos y partidos de extrema derecha para defender políticas de repatriación forzosa y de homogeneidad cultural y religiosa. A esa convocatoria se sumaron, según señalan, UPN, PP y Vox. Los grupos alertan del riesgo de normalizar discursos que plantean seleccionar a las personas migrantes en función de su origen, lengua o religión y expulsar a quienes no encajen en determinados modelos sociales, y consideran que la participación de representantes políticos en este tipo de movilizaciones "exige una reflexión y una responsabilidad especial".
Al mismo tiempo, los tres grupos municipales trasladan su apoyo tanto a los vecinos de Ceuta que están sufriendo las consecuencias del colapso de los servicios como a las personas migrantes que llevan semanas en situación de extrema vulnerabilidad, y reclaman soluciones urgentes dentro del respeto a la legalidad, los derechos humanos y la dignidad de todas las personas.
La declaración cerrará con un llamamiento a la "cordura, la prudencia y la responsabilidad" de los partidos políticos, especialmente de quienes ostentan responsabilidades institucionales, para que no contribuyan "por acción u omisión" a la instrumentalización de movilizaciones por parte de grupos ultras.
