La Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a una exconcejal del municipio de Láncara y a un familiar suyo a dos años de prisión como autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con un delito continuado de estafa. El tribunal también les ha impuesto una multa de 1.890 euros y el pago de una indemnización por responsabilidad civil que asciende a 39.270 euros para uno de los afectados.
Los hechos probados detallan que los condenados planificaron la compra de un tractor y, con el objetivo de lograr un beneficio económico ilícito, manipularon un justificante bancario para simular una transferencia que nunca existió. El intermediario de la venta entregó el vehículo al creer que el pago se había completado de forma correcta.
Modus operandi y falsificación de documentos PDF
Los magistrados señalan que los implicados repitieron la misma operativa fraudulenta en una segunda ocasión utilizando el mismo archivo digital. En ese escenario, modificaron el importe, la fecha y el destinatario de un documento PDF para simular el pago de 39.272 euros a un contratista que realizaba la reforma integral de una vivienda. El profesional ya había iniciado los trabajos sin haber percibido ninguna cantidad previa.
La resolución judicial describe la estrategia de los investigados para engañar a las víctimas mediante la alteración de los comprobantes financieros. Según recoge la sentencia:
"La conducta de los acusados evidencia una voluntad conjunta claramente destinada a producir engaño en los dos perjudicados, con la finalidad de obtener un lucro patrimonial, procurando, con la alteración de los documentos bancarios, aparentar solvencia y hacerles creer que se habían realizado dos pagos mediante sendas transferencias bancarias a su favor, que no llegaron nunca a realizarse".
Continuidad delictiva y derecho a recurso
El tribunal ha apreciado la existencia de una continuidad delictiva al haberse confeccionado y empleado de forma sucesiva los documentos mercantiles falsos para perjudicar a diferentes personas. No obstante, la sala aplicó la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso judicial para la fijación de la pena definitiva.
Esta resolución de la Audiencia de Lugo no es firme en el ámbito penal, por lo que las partes implicadas tienen la opción de interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
