El Ayuntamiento de Noáin respaldará económicamente a las ocho familias que todavía no han podido regresar a sus viviendas tras la explosión de gas registrada el 13 de enero de 2025 en la calle Concejo de Zabalegui. El Consistorio trabaja ya en una ordenanza específica que permitirá sufragar el alquiler y otros gastos extraordinarios que están asumiendo los afectados, muchos de los cuales afrontan simultáneamente el pago de un arrendamiento y la hipoteca de sus domicilios dañados.
El alcalde, Luis Maya (Aldatu Elortzibar), anunció la medida este viernes en rueda de prensa, acompañado por representantes de UPN, Agrupación Independiente Noáin–Elortzibar y Somos Valle —no acudió el PSN—, así como por el presidente de la comunidad de propietarios afectados, Óscar Sánchez. Según explicó el primer edil, el borrador de la ordenanza ya está redactado y será llevado en mayo a la comisión de Hacienda para su estudio. La previsión es aprobarla en pleno el segundo martes de ese mes.
La normativa regulará tanto los criterios de reparto como el periodo de vigencia de las ayudas, con posibilidad de prórroga si se retrasan los plazos de reconstrucción. El Ayuntamiento adelantará las cuantías necesarias y recuperará posteriormente el importe cuando las aseguradoras compensen a las familias por los gastos derivados de este prolongado desplazamiento forzoso.
Aunque el Consistorio no ha concretado una cifra global, los propios afectados detallaron que están pagando alquileres de entre 1.200 y 1.400 euros mensuales, además de hipotecas que oscilan entre 800 y 1.000 euros. A ello se suman gastos extraordinarios derivados de haber abandonado sus viviendas con lo puesto. “He tenido que comprar desde una percha”, relató uno de los vecinos.
La situación se ve agravada porque las aseguradoras no han asumido aún los costes al estar pendiente el atestado que determine el origen de la fuga de gas. Según señalaron, el informe pericial de Guardia Civil y Policía Foral todavía no consta en el juzgado.
Malestar con las declaraciones del Gobierrno
Durante la comparecencia también hubo críticas al Gobierno de Navarra. Óscar Sánchez mostró su malestar tras las declaraciones de la presidenta María Chivite, quien aseguró que no existía un compromiso formal de ayudas económicas. “Se nos prometieron ayudas extraordinarias”, sostuvo, al tiempo que reclamó mayor implicación institucional. El alcalde, por su parte, instó al Ejecutivo foral a mantener una reunión y defendió que el Ayuntamiento ha actuado con diligencia en la tramitación de licencias, la coordinación técnica y la atención a los damnificados.
En cuanto a los plazos, los residentes de los portales más afectados —grupo A de los números 22 y 24— afrontan todavía meses de derribo y alrededor de año y medio de reconstrucción. En los grupos B, C y D, la vuelta a casa podría producirse entre junio y julio.
Con esta ordenanza, el Ayuntamiento busca aliviar una carga económica que, quince meses después de la explosión, sigue pesando sobre unas familias que continúan sin poder regresar a sus hogares.
