La oposición al proyecto del Tren de Alta Velocidad (TAV) en Navarra ha vuelto a evidenciar su fuerza con la presentación de más de 6.850 alegaciones ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La cifra, que según los impulsores podría ser aún mayor al contabilizar registros adicionales, refleja una movilización sostenida tanto a nivel individual como institucional en defensa de un modelo ferroviario alternativo.
Este sábado realizaron una rueda de prensa en Lakutza, bajo el paraguas de la iniciativa Sakana a favor del tren, en el que explicaron que la campaña ha logrado implicar a vecinos, colectivos y administraciones locales directamente afectadas por el trazado previsto del TAV. En concreto, 14 ayuntamientos de la comarca de Sakana, junto a tres concejos del municipio de Iza —Ariz, Otxobi y Aldaba—, así como la Unión de Aralar, han registrado sus propias alegaciones con el respaldo técnico de empresas de ingeniería.
Los consistorios de Irurtzun, Arakil, Irañeta, Uharte Arakil, Arruazu, Lakuntza, Arbizu, Ergoiena, Etxarri Aranatz, Bakaiku, Iturmendi, Urdiain, Olazti y Ziordia figuran entre las entidades que han formalizado su rechazo a un proyecto que consideran “destructivo” y “obsoleto” en el actual contexto de crisis ecosocial.
Los argumentos esgrimidos por los colectivos opositores inciden en que el modelo de alta velocidad no responde a las necesidades reales de movilidad ni contribuye a la cohesión territorial. Denuncian, además, que el TAV podría agravar la despoblación rural al concentrar servicios en grandes ciudades, al tiempo que genera un elevado impacto ambiental, con afecciones sobre acuíferos, ecosistemas y corredores naturales.
Frente a ello, las alegaciones defienden la modernización del tren convencional como una alternativa “realista y factible”, que permita mejorar frecuencias, reforzar la conexión entre núcleos rurales y urbanos y facilitar también el transporte de mercancías.
El movimiento subraya igualmente el deterioro progresivo de los servicios ferroviarios tradicionales —cercanías, regionales y media distancia—, que atribuyen a la priorización presupuestaria del TAV. En este sentido, advierten del riesgo de desmantelamiento de infraestructuras existentes en favor de nuevas líneas de alta velocidad.
La movilización social tuvo uno de sus hitos recientes el pasado 14 de marzo en Altsasu/Alsasua, donde cerca de 5.000 personas se concentraron para reivindicar un modelo ferroviario “al servicio de la gente”. Desde la plataforma organizadora aseguran que la presentación masiva de alegaciones supone “un paso clave”, pero llaman a mantener la presión social en los próximos meses.
“El futuro del territorio se defiende pueblo a pueblo”, señalan, en un mensaje que apela a continuar la movilización en defensa de un tren público, social y adaptado a las necesidades de las comarcas afectadas.
