La asamblea extraordinaria de la MCP de este jueves, convocada por presidencia tras las mociones impulsadas por PSN y en algunos casos por otras formaciones en la Comarca para aclarar el futuro de las bicis eléctricas, se saldó sin una decisión clara sobre quién asumirá realmente la licitación del servicio comarcal.
Pese a presentarse como una cita clave para dar certezas a los ayuntamientos y a los usuarios, el resultado fue una nueva 'patada para adelante': la creación de un grupo de trabajo que concrete si finalmente el nuevo sistema se licita por el Ayuntamiento de Pamplona o por Mancomunidad. También en el acuerdo sobre el desacuerdo se refleja una cierta inquietud porque finalmente si la licitación del nuevo servicio se haga por parte de Mancomunidad, Pamplona tenga que devolver el más de millón de euros que obtuvo para la ampliación del servicio mediante fondos europeos, algo que el equipo de Gobierno de Pamplona había dado como una hipótesis que nunca se produciría.
De la comarcalización prometida al “que lo saque Pamplona”
En noviembre de 2023, la Mancomunidad modificó sus estatutos para asumir competencias de movilidad, y fuerzas como UPN, PP y PSN defendieron que fuera la MCP quien licitara un servicio comarcal de bicicletas eléctricas “a la mayor brevedad posible”. Sin embargo, el protocolo acordado el 28 de febrero optó por un modelo híbrido: la MCP se encarga del sistema, pero se considera que “la vía más rápida” es que la licitación la haga Pamplona, para recuperar cuanto antes el servicio suspendido y salvaguardar los fondos europeos.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Pamplona ya había puesto su fecha y plazos: licitará en marzo un nuevo servicio “empezando de cero”, con nuevas bicis, nuevas estaciones, nuevo software y nueva empresa adjudicataria, con la aspiración de tenerlo adjudicado en julio y plenamente operativo en diciembre.
La batalla política en torno a quién debe sacar el contrato ha sido intensa: UPN, PP y PSN habían rechazado que Pamplona licitara en solitario y reclamaban que fuera la MCP quien asumiera toda la gestión y la licitación para garantizar un verdadero servicio comarcal. Pero en la asamblea de este jueves los socialistas cambiaron de posición y optaron por la solucion intermedia del grupo de trabajo.
Un servicio parado
El trasfondo de esta guerra institucional es un servicio de bicis eléctricas suspendido desde hace justamente un mes, tras la abrupta parada del sistema gestionado por Ride On desde 2021, que la empresa atribuyó a problemas de liquidez derivados de su relación con el Ayuntamiento. El Pleno de Pamplona ya ha exigido un plan urgente de reactivación y ha reclamado que la MCP asuma la gestión directa para evitar perder cerca de un millón de euros en fondos europeos.
Sin embargo, mientras se encadenan protocolos, resoluciones y asambleas extraordinarias, los vecinos siguen sin servicio y con la sensación de que la “comarcalización” se usa más como eslogan que como proyecto real.
El desenlace previsible
Todo apunta a que Pamplona acabará sacando el contrato, con una cláusula que permitirá en el futuro trasladar el servicio a la MCP “cuando esté preparada”, pero sin imponer nada a la nueva empresa adjudicataria. Es decir, primero se reconstruye un sistema a la medida de la capital y después, ya se verá cómo se adapta a la Comarca.
La asamblea extraordinaria nacía para aclarar quién mandaba en las bicis eléctricas y ha terminado confirmando lo que muchos sospechaban: el servicio seguirá sin funcionar en los próximos meses.
