El pleno de este jueves en el Ayuntamiento de Pamplona se convirtió en un cruce de reproches, acusaciones de ocultación de datos y advertencias de “chapuza” de gestión por el fallido servicio de bicicleta eléctrica, que continúa sin funcionar mientras los partidos se señalan mutuamente por el desastre.
Durante más de una hora, el salón de plenos vivió un debate encendido en torno a dos declaraciones sobre el servicio de bicicleta eléctrica compartida, una de UPN y otra del PP, que finalmente fueron aprobadas solo de forma parcial y por puntos.
La moción de UPN, centrada en exigir explicaciones sobre la caída del servicio, pedir un cronograma de restitución, reclamar una comisión específica de fondos europeos y reprobar al concejal de Movilidad, Borja Izaguirre, salió adelante en sus puntos de información y control, pero fracasó precisamente en el apartado más duro: la reprobación del edil. La clave estuvo en el PSN, que anunció que no apoyaría la reprobación al considerar que Izaguirre “se ha encontrado con un contrato profundamente problemático heredado de la anterior administración” y que “no queremos que proceda la reprobación que plantea UPN”.
Por su parte, la declaración del PP, que rechazaba el protocolo pactado con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) y defendía que sea la propia Mancomunidad quien licite el nuevo servicio y lo gestione de manera comarcal, fue aprobada con 16 votos a favor y 11 en contra.
UPN carga contra Izaguirre: “Pamplona se ha quedado sin bicicletas por su mala gestión”
El portavoz de UPN, Aitor Silgado, abrió fuego directo contra el concejal de Movilidad, Borja Izaguirre, y pidió su reprobación “por la desinformación a los ciudadanos y por su mala gestión ante el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas”. Silgado recordó que el propio responsable de Movilidad admitió en pleno que “el servicio que estamos dando no es adecuado y estamos intentando arreglarlo”, para seguidamente rematar: “En el intento se quedó, fracasó de nuevo y dejó usted a Pamplona sin bicicletas”.
El edil regionalista acusó al área de haber actuado con “oscurantismo” y de no haber dado “una sola explicación de la ausencia del servicio de bicicletas” ni a la oposición ni a la ciudadanía. Apoyándose en una reciente entrevista del responsable de la empresa Ride On, Silgado habló de “mentiras” o “presuntas mentiras” por parte del equipo de gobierno, citando discrepancias entre la versión municipal y la de la compañía sobre la disponibilidad del stock de bicicletas para su revisión y sobre impagos. “Nos dijeron que no hubo impagos de ningún tipo a la empresa de las bicicletas”, reprochó, antes de exhibir un correo interno en el que se leía: “Disculpad de nuevo, necesito saber si nos vamos a reunir mañana o no. Lo digo porque si no va a ser así, tengo que anular el proceso de pago de los 55.000 euros por los abonos”. “¿A qué huele esto? ¿Era un chantaje, una amenaza, qué significa ese correo?”, preguntó, insistiendo en que los 55.000 euros aprobados en Junta de Gobierno “no se llegaron a pagar en ningún momento”.
UPN acusó además al gobierno actual de haber firmado en noviembre de 2025 un contrato de 700.000 euros más IVA para la compra de bicicletas que, según la empresa, ya estaban revisadas, y de haber animado a los pamploneses a adquirir abonos “cuando ya se les estaba advirtiendo de que el servicio podía quebrar”. “Esto es una irresponsabilidad absoluta”, sentenció Silgado, que definió la gestión global como “chapucera” y “nefasta”.
El PP habla de “servicio chapucero” y exige que la Mancomunidad asuma la licitación
Desde el PP, su portavoz Carlos García Adanero recordó que el gobierno municipal lleva “más de dos años” al frente y sostuvo que, desde el principio, “como este era un tema que estaba funcionando, que la gente estaba contenta, que lo usaban miles de personas, no podían permitir que esto fuera adelante porque era algo que lo habían hecho ustedes”, en referencia al anterior modelo impulsado por Navarra Suma.
El PP defendió con contundencia que el nuevo servicio sea comarcal y que sea la propia Mancomunidad quien licite y gestione el sistema “para el conjunto de la comarca”, evitando “trocear” el servicio mediante convenios sucesivos. García Adanero cuestionó que se diga que la MCP no tiene capacidad: “La Mancomunidad tiene estructura más que suficiente para sacar un concurso de bicis; si se ponen fechas y hay voluntad política, se puede hacer”.
El popular quiso dejar claro que, con la aprobación de su declaración y el rechazo del protocolo con la MCP, “hay una mayoría municipal en contra de ese protocolo” y lanzó una pregunta directa al equipo de gobierno: “¿Qué va a hacer el equipo de gobierno? ¿Va a seguir adelante con el protocolo a pesar de la mayoría municipal?”
PSN: herencia “viciada”, rechazo a la reprobación y apuesta por un modelo mancomunado
El PSN se situó en una posición clave, salvando a Izaguirre de la reprobación y, a la vez, exigiendo cambios de rumbo y más ambición comarcal. La portavoz socialista, Marina Curiel, reprochó a UPN y PP que “parece que están disfrutando de que Pamplona y los vecinos de Pamplona no cuenten con un servicio de bicicletas”, y criticó que el principal apoyo de Silgado fueran las declaraciones del empresario: “Es bastante triste que el principal respaldo político que usted encuentre sea la versión interesada de la otra parte del problema”.
Curiel devolvió la pelota al pasado y recordó que el servicio fue adjudicado “a riesgo y ventura” por Navarra Suma, “sin informar al resto de la Corporación Municipal, que nos enteramos por una rueda de prensa”, y vendido como “un gran éxito, un servicio prácticamente a coste cero” que se ha demostrado “ni sostenible ni viable”.
“El problema no empezó en 2024 ni en 2025; el problema empezó cuando se diseñó mal este contrato”, subrayó, repasando un historial de incidencias: una filial creada un día antes de formalizar la concesión, requerimientos por irregularidades en tarifas a los seis días de arrancar, deudas acumuladas desde 2022, crisis empresarial en 2023 y un modelo económico “frágil” que terminó dependiendo de fondos Next Generation.
“El servicio nació viciado desde su origen”, remachó la socialista, que acusó a UPN y PP de hablar “como si fueran meros observadores de un problema que ellos mismos pusieron en marcha”. Por todo ello, el PSN rechazó la reprobación de Izaguirre: “Es necesario apartar la demagogia y ser justos, hay que reconocer que el concejal de Movilidad se ha encontrado con un contrato profundamente problemático heredado de la anterior administración y por tanto no queremos que proceda la reprobación”.
A la vez, Curiel defendió que “el futuro del servicio debe pasar por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona” y advirtió sobre el riesgo de perder más de un millón de euros de fondos europeos, señalando que es preciso aclarar si otra administración puede tramitar la licitación en nombre del Ayuntamiento o si la parte financiada tiene que quedar identificada con un servicio prestado específicamente en Pamplona.
EH Bildu y Geroa Bai acusan a UPN de ocultar medio millón de deuda y de ser “abogado defensor” de la empresa
Los socios del equipo de gobierno desplegaron el ataque más duro contra UPN, al que acusaron de ocultar un quebranto económico superior al medio millón de euros cuando gestionaban el área y la Alcaldía, y de haberse convertido ahora en “abogado defensor” del conglomerado empresarial que explotaba el servicio.
El concejal de EH Bildu, Joxe Abaurrea, interpeló una y otra vez a Silgado: “Explique por qué Ride ON, usted y la señora Ibarrola ocultaron que el sistema estaba enfermo en el momento en que ustedes ya eran concejales y alcaldesa. Había una reclamación por desequilibrio económico financiero por valor de más de medio millón de euros. ¿Por qué lo ocultó?”.“Eso es corruptela, señor Silgado”, llegó a afirmar, acusando al anterior gobierno de “esconder en un cajón” esa reclamación mientras vendían un servicio a “coste cero”. “Esta tarde es la tarde suya y de la señora Ibarrola. Lo que hicieron fue la huida hacia adelante y el que venga detrás, que arree”, añadió Abaurrea, que definió a UPN como “Unión de Promotores de Navarra” reconvertida ahora en “abogado defensor del conglomerado de empresas de Ride On, Serteq y Mida”.
Por su parte Txema Mauleón, de Contigo Zurekin recordó además que el actual gobierno “ha dado tres o cuatro ruedas de prensa y múltiples notas de prensa contando todas las dificultades de este contrato” y defendió que lo que se intentó fue “rescatar un sistema ruinoso” heredado del mandato anterior. Admitió, en todo caso, que la empresa “estaba mucho peor de lo que nos habían transmitido en una primera instancia” y que el intento de salvamento “no ha sido posible porque la empresa pedía más y más, muy por encima de lo que le correspondía”. Mauleón subrayó que “Navarra Suma, UPN y el Partido Popular son los responsables máximos de un servicio que adjudicaron ellos”, que se vendió “a bombo y platillo” como modelo a coste cero, pese a que “todos los estudios” anteriores asumían un déficit estructural financiado con dinero público.
Mauleón reprochó que “una de las empresas del ‘holding’ entró en concurso de acreedores estando ustedes en la gestión” y preguntó a Silgado por qué nunca se informó ni al pleno ni a la ciudadanía sobre la reclamación de más de 500.000 euros. “¿Le parece poco relevante que una empresa que aseguró que iba a salir el servicio a coste cero reclame al Ayuntamiento más de medio millón de euros?”, espetó, antes de afirmar: “Por tanto, en ese punto cuatro debería poner reprobar al señor Silgado por ocultar a la ciudadanía cómo se estaba quebrando un sistema”.
Gobierno municipal: promesa de servicio comarcal y pelea por los plazos y los fondos europeos
El propio Abaurrea defendieron el plan del gobierno municipal: un nuevo servicio de bicicleta de carácter comarcal, gestionado por la Mancomunidad, pero con una licitación inicial pilotada por el Ayuntamiento para ganar tiempo y reducir el riesgo de devolución de los fondos Next Generation.
“Estamos trabajando para dar satisfacción a los intereses de la ciudadanía. La gente quiere un sistema de bici eléctrica compartida de calidad y comarcal, y en eso estamos trabajando, y además que lo gestione la Mancomunidad”, defendió Abaurrea, que insistió en que el objetivo compartido es la comarcalización, pero que “para hacerlo rápido y de forma garantista la mejor opción es licitar ya por parte del Ayuntamiento y que luego la Mancomunidad asuma el servicio cuando tenga las competencias y los mecanismos preparados”.
En este sentido Abaurrea se comprometió a ser “sensible” a lo que refleje la mayoría municipal y a “buscar, ampliar consensos y ser flexibles”, pero defendió el criterio técnico que alerta de los plazos si se coloca toda la carga en la MCP desde el inicio. Abaurrea recordó ejemplos recientes como la modificación de estatutos para incluir movilidad en la Mancomunidad, acordada en noviembre de 2023 y ratificada en el pleno de Pamplona en abril de 2024, con cinco meses de trámite administrativo.
Desde Geroa Bai, Javier Leoz fue crítico con el PSN por apoyar la moción del PP y de UPN. “El objetivo es que el servicio sea finalmente gestionado por la Mancomunidad, en eso estamos todos de acuerdo. Para nosotros el error que ustedes cometen es decir que licite la Mancomunidad, porque eso va a retrasar muchísimo tiempo la licitación y la va a dificultar”.
Leoz recordó que, según la propia MCP, antes de poder licitar debe completarse la cesión de competencias por parte de todos los ayuntamientos interesados, elaborar un plan de integración, definir la financiación y aprobar la adhesión de los municipios, pasos que “son posteriores a los acuerdos” y que alargan los plazos. También advirtió de que “cuanto más tiempo tardemos en licitar, más posibilidades hay de perder los fondos Next”, y responsabilizó a PSN, UPN y PP si se opta por una vía más lenta.
Fondos Next en el aire y una ciudad sin fechas claras para recuperar las bicis
Si algo quedó claro tras más de sesenta minutos de refriegas es que el servicio de bicicleta eléctrica sigue sin fecha cierta de regreso y que la batalla política ha desplazado a un segundo plano las urgencias de los usuarios.
Mientras UPN reclama un cronograma “claro” y acusa al gobierno de dar plazos contradictorios –“el señor Abaurrea dijo que confiaba en restablecer el servicio en marzo-abril, ayer el señor Asiron habló de septiembre, pónganse de acuerdo”–, el equipo de gobierno se aferra a que el límite real lo marcará la tramitación administrativa y la necesidad de no comprometer los fondos europeos.
El propio Silgado reconoció que, a día de hoy, en el expediente de fondos Next “solo consta que el Ayuntamiento tendrá que presentar solicitudes para ver si hay que reintegrarlos o no” y denunció la falta de documentación sobre esas gestiones, motivo por el que reclamó la convocatoria urgente de una comisión extraordinaria de fondos europeos.
Desde el gobierno, Leoz respondió que, según las comunicaciones recibidas, no habría que devolver los fondos siempre que el Ayuntamiento “sea capaz de reinstaurar el servicio de manera ágil y dar los pasos necesarios”, pero admitió el riesgo de que un retraso excesivo pueda interpretarse como inacción.
Entre tanto, la ciudadanía sigue sin bicicletas públicas, con un modelo anterior que se derrumbó, un nuevo diseño aún en el aire y un clima político en el que cada bloque se aferra a su relato: UPN y PP intentando dejar en evidencia por inacción al actual concejal de Movilidad, el gobierno y sus socios tratando de colocar el foco en la “ruina” heredada y el PSN sosteniendo al equipo de gobierno en lo personal mientras le exige cambiar el rumbo en lo político.
La “guerra de la bici” promete alargarse. Y las bicicletas, de momento, seguirán guardadas.
