La Fundación Gizakia Herritar, gestora del comedor social París 365, ha confirmado que dejará de ofrecer cenas presenciales durante cuatro o cinco semanas, hasta primavera, un parón temporal que permitirá a la entidad reflexionar y mejorar sus protocolos en los turnos de tarde. Durante este periodo, las cenas se distribuirán en formato tupper.
Myriam Gómez-García, coordinadora-gerente de la fundación, y Patxi Lasam, fundador y socio, han explicado que esta decisión responde a la necesidad de «reforzar la seguridad y la organización en el servicio de cenas, garantizando que el comedor siga siendo un espacio privado, seguro y respetuoso con las recomendaciones internacionales en el ámbito de la salud y la alimentación».
La entidad social ha reconocido que su ubicación, en la confluencia de calles como San Lorenzo, Jarauta o Descalzos, se encuentra en una de las zonas con mayor índice de vulnerabilidad de la ciudad, lo que genera conflictos como el menudeo de drogas. Desde hace más de un año, París 365 trabaja junto a los vecinos para evitar que estas situaciones se trasladen a las puertas del comedor.
Ambos han destacado que «no vamos a ocultar que hemos recibido críticas, pero también muchos apoyos por nuestra actividad y forma de trabajo». En este sentido, ha reiterado el compromiso de la entidad de «evitar cualquier problema de seguridad y de seguir colaborando con las instituciones y otras entidades sociales para mejorar la situación de las personas en exclusión».
Desde París 365 han valorado algunas mejoras impulsadas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra en la atención a personas en situación de vulnerabilidad, como el aumento de plazas para personas sin hogar, la ampliación del personal de Trabajo Social o la creación de una Comisión de Buenas Prácticas en el consistorio pamplonés.
Sin embargo, la entidad ha subrayado que estas medidas son insuficientes y ha reclamado más recursos, mejor coordinación entre administraciones y una respuesta urgente al problema del sinhogarismo y la falta de vivienda. En este sentido, han lanzado un llamamiento especial para atender la situación de los menores no acompañados que, al cumplir los seis meses desde su salida de los centros de acogida, quedan sin recursos.
«Nuestras políticas y políticos deben ser valientes», han señalado quienes ha instado a las administraciones a anticiparse a futuras crisis y a construir una comunidad «más solidaria, justa y equitativa».
