El Gobierno foral no va a pedir perdón. Esa es, en pocas palabras, la respuesta del consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente a las asociaciones de protección animal que le exigieron una rectificación pública en febrero.
Las entidades colaboradoras enviaron una carta abierta el 10 de febrero pidiendo que se desdijera de lo dicho en el pleno del 29 de enero. Le pedían también un compromiso claro con la Ley Foral 19/2019 de protección de animales de compañía, que lleva años con reproches de incumplimiento.
El Gobierno respondió el 23 de febrero con un informe. Su argumento central: el Comité de Consulta tardó en constituirse porque no había suficientes asociaciones registradas como entidades colaboradoras. Según los datos oficiales, hasta octubre de 2024 solo nueve asociaciones tenían ese reconocimiento, un número que el departamento considera insuficiente para garantizar representatividad.
El departamento también defiende que informó puntualmente a las asociaciones de cómo inscribirse, con correos enviados en marzo de 2023 a 26 entidades. Y va más lejos: recuerda que varias protectoras operan en instalaciones sin autorizar y que, si se aplicara la ley al pie de la letra, pocas podrían seguir funcionando.
La pregunta que originó todo esto la formuló el parlamentario de UPN Félix Zapatero. La respuesta del consejero quedó publicada en el Boletín del Parlamento de Navarra del 29 de abril de 2026.
