“El agua, para el riego”, proclamaba la propaganda franquista mientras inauguraba embalses por toda España. Sin embargo, la realidad que revelan los datos cuenta una historia muy diferente: mientras el régimen presumía de impulsar el regadío agrario, las empresas eléctricas controlaban silenciosamente la mayor parte del agua embalsada en el país.
España, con más de 1 200 embalses y presas, no sólo lidera Europa en infraestructuras hidráulicas, sino que ocupa el quinto lugar mundial.
Esta impresionante red de embalses se ha construido preferentemente bajo un discurso de modernización agraria, pero nuestra investigación revela que, paradójicamente, entre el 50 % y el 70 % de la capacidad de almacenamiento de agua en los embalses españoles ha estado históricamente bajo el control efectivo de las compañías eléctricas y no de los regantes.
La gran paradoja del agua española
En España, la gestión y control de las presas y embalses dependen de su titularidad y del uso al que estén destinados. Las infraestructuras hidroeléctricas han sido operadas por empresas eléctricas bajo concesiones administrativas.
Las concesiones permiten a estas compañías gestionar el agua embalsada para la generación de energía, lo que incluye decidir cuándo liberar el agua para producir electricidad. No obstante, estas decisiones deben alinearse con las normativas vigentes y las necesidades de otros usos del agua, como el abastecimiento urbano, el riego agrícola y la conservación ambiental.
Los números son contundentes. Durante el franquismo, mientras los discursos oficiales ensalzaban el papel del regadío como motor de desarrollo, la capacidad relativa de almacenamiento destinada exclusivamente a riego se redujo a la mitad: del 13 % en 1950 al 6 % en 1970. En el mismo período, el agua reservada para generación eléctrica aumentó del 29,5 % al 37 %. El resto se clasificaba bajo la ambigua etiqueta de “usos mixtos”, una categoría que, al examinarla en detalle, revela otra sorpresa.
En 1986, los 20 mayores embalses de España igualaban en capacidad a los otros 917 existentes. De estas 20 megapresas, 13 estaban clasificadas para “usos mixtos”. Sin embargo, en la concesión, todas ellas priorizaban la generación hidroeléctrica, y en cinco casos era su único uso autorizado. La realidad es clara: el agua embalsada en España ha atendido más a los intereses eléctricos que a los agrarios.
Presa en los Pirineos. Isabel Bartolomé, CC BY-SA
El agua es poder
¿Por qué es esto importante? Porque quien controla el agua lo hace sobre algo más que un recurso natural. Una presa no sólo inunda terrenos, sino que también otorga el poder de decidir cuándo y cómo fluye el agua en toda la cuenca. Esta capacidad de decisión afecta a agricultores, poblaciones y ecosistemas tanto río arriba como, especialmente, río abajo.
Además, el agua no sólo es vital para la agricultura, sino que también resulta esencial para la generación eléctrica. Es obvio en el caso de la energía hidroeléctrica, que depende directamente del agua embalsada, pero el resto de las tecnologías de generación –excepto la eólica y la solar fotovoltaica– también requiere agua para su funcionamiento como medio de refrigeración.
Vista del embalse de Aguilar, en el Pisuerga a su paso por la provincia de Palencia, construido en 1963. Isabel Bartolomé, CC BY-SA
La realidad en cifras
Nuestro análisis exhaustivo de 940 presas españolas en 1986 revela que el 64 % del agua embalsable se destinaba a generación eléctrica, el 23 % a riego y el 12 % a otros usos. Esta distribución no era uniforme: en todas las regiones excepto tres, la prioridad era claramente eléctrica sobre la agraria.
Esta historia de control privado sobre un recurso público cobra especial relevancia en el contexto actual de crisis climática. Los períodos de sequía son cada vez más frecuentes e intensos, y la competencia por el agua se agudiza. Sorprendentemente, esta relación compleja entre dominio público y control privado del agua, especialmente con los usos eléctricos, ha estado prácticamente ausente tanto del debate público como de la literatura académica sobre la gestión del agua en España.
En la actualidad, ni siquiera hay información clara al respecto. Los datos más recientes no son fiables porque se confunde propiedad de la presa con la concesión del agua y porque las concesiones de agua no están recogidas de manera sistemática en ningún sitio.
Cualquier reforma futura del sistema de gestión hídrica en España deberá considerar no sólo la titularidad formal de las infraestructuras, sino también quién controla de hecho las decisiones sobre el agua. Sólo entendiendo estas dinámicas históricas podremos diseñar políticas que aseguren una distribución más equitativa y sostenible de este recurso vital.
Porque, al final, los embalses podían ser de Franco, pero el agua… el agua era para las eléctricas.
Mar Rubio Varas, Catedrática de Historia e Instituciones Económicas, (UPNA). Investigadora del Institute for Advanced Research in Business and Economics (INARBE), Universidad Pública de Navarra; Diego Sesma Martín, Docente e investigador, Departamento de Economía y Empresa, Universidad de La Rioja y María Isabel Bartolomé Rodríguez, Profesora e investigadora en el Departamento de Economía e Historia Económica, Universidad de Sevilla
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
