La crisis migratoria en Ceuta ha derivado en un duro cruce de acusaciones políticas en los pasillos del Congreso de los Diputados. Transcurrido mes y medio desde la entrada masiva a la ciudad autónoma, cerca de 1.000 menores sin tutela continúan en las calles sin una solución definitiva. Ante este escenario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado asumir responsabilidades directas al ser preguntado por la situación de estos jóvenes, remitiendo tajantemente la cuestión al Ejecutivo local del Partido Popular: «Eso a Vivas, pregúntele».
Desde la Moncloa se acusa al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, de ralentizar la derivación de los menores hacia la península, señalando que las competencias en materia de infancia corresponden a las comunidades y ciudades autónomas. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, defiende que existen cientos de traslados preparados a la espera de la firma de la ciudad. Una posición respaldada por el portavoz socialista, Patxi López, quien cuestiona el papel de las autonomías gobernadas por la oposición. Sin embargo, esta postura del Gobierno central de limitar el problema a un mero trámite administrativo autonómico omite la dimensión diplomática del conflicto y el evidente desbordamiento de una ciudad que supera ampliamente su capacidad asistencial.
Tensión institucional y la vía de negociación con Marruecos
El reproche de Sánchez ha generado una indignada respuesta en Ceuta. El vicepresidente autonómico, Alejandro Ramírez, ha calificado de «vergüenza» que el presidente del Gobierno «pase la pelota» tras un episodio de tal gravedad, recordando que la capacidad máxima legal de la ciudad es de 29 menores y que la cifra actual resulta inasumible.
Por su parte, la oposición parlamentaria ha criticado la falta de firmeza del Ejecutivo central en la vertiente exterior. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado que la ley europea habilita los retornos y que las autoridades de Marruecos han manifestado su disposición a recibir a los ciudadanos que cruzaron la frontera. En este contexto, la negativa o incapacidad de la Moncloa para activar vías directas de devolución con Rabat contrasta con la presión ejercida sobre el gobierno local de Ceuta, dejando al descubierto una gestión de fronteras y política exterior que sigue generando serias dudas entre la ciudadanía.