El juez de instrucción Juan Carlos Peinado ha dictado un auto decisivo en el que cita a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés a una audiencia preliminar el próximo 9 de junio a las 11:00 horas. El magistrado obliga a los tres investigados a personarse en sede judicial de manera obligatoria. En la resolución del juzgado madrileño, se advierte de forma explícita de que, si no acuden por su propio pie, serán conducidos por la Policía.
El instructor justifica esta medida de fuerza ante el evidente riesgo de eludir la justicia por parte de los acusados, fundamentado principalmente en la gravedad y la extensión de las penas de prisión a las que podrían enfrentarse. Esta comparecencia personal y obligatoria, en compañía de sus respectivos letrados defensores, supone el paso previo y equivalente a la apertura de juicio oral, un trámite indispensable al tratarse de un procedimiento penal que se resolverá mediante un jurado popular. Con la celebración de esta vista preliminar concluirá la labor del juez Peinado, derivando el expediente a la Audiencia Provincial.
Las penas de cárcel por corrupción en los negocios y el informe de la UCO sobre la Complutense
El proceso judicial avanza de este modo hacia la fase de vista oral por un catálogo de presuntos delitos que acarrean severas condenas de privación de libertad en el Código Penal español. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid imputa formalmente a los tres investigados cargos por tráfico de influencias, que puede conllevar hasta dos años de cárcel; corrupción en los negocios, tipificado con hasta cuatro años de prisión; malversación, castigado con un máximo de tres años; y apropiación indebida, el delito más grave de la causa y que contempla penas de hasta seis años de reclusión.
La contundente decisión adoptada por el juez Juan Carlos Peinado se ha hecho pública inmediatamente después de analizar el último informe emitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El documento de la benemérita determina que la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid, la cual codirigía la esposa del presidente del Gobierno, se constituyó siguiendo la normativa interna vigente de la institución educativa. No obstante, las pesquisas policiales de la Guardia Civil sí que detectaron y señalaron la existencia de diversas irregularidades en lo relativo a la gestión del software asociado a dicho proyecto académico.
