La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense, plaza 1, ha absuelto a los padres de un alumno acusados de un delito leve de coacciones hacia una docente. El tribunal determinó que las acciones de los padres no constituyeron una conducta violenta ni atentaron contra la libertad de la profesora. La sentencia considera que las actividades realizadas por los padres se enmarcan dentro del ejercicio de la libertad de expresión.
El magistrado encargado del caso explicó que los padres fueron acusados de orquestar una campaña de acoso contra la docente. Sin embargo, tras revisar las pruebas testimoniales y documentales, concluyó que no se acreditaron las acusaciones de desprestigio o humillación profesional. Las acciones de los padres, que incluyeron la organización de una concentración y la distribución de pasquines, fueron consideradas como un ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión.
Libertad de expresión y disconformidad con la gestión del centro
El fallo judicial subraya que los pasquines distribuidos por los padres no contenían mensajes ofensivos, injuriosos o vejatorios dirigidos a la docente. Según el magistrado, estos pasquines simplemente expresaban el descontento de los padres con la gestión del centro educativo respecto a un problema relacionado con la forma de impartir clases de la profesora en cuestión. Por lo tanto, el tribunal determinó que estas acciones no vulneraron el ordenamiento jurídico penal ni atentaron contra la libertad de la docente.
El magistrado explicó que la situación se originó por una discrepancia entre los padres y la profesora sobre la metodología educativa utilizada en las clases. Según el fallo, la dirección del centro no gestionó adecuadamente el conflicto, lo que llevó a los padres a buscar vías externas para expresar su descontento. Este contexto fue clave para la decisión del tribunal de absolver a los padres de las acusaciones.
La sentencia no es firme y se puede apelar
En la resolución, el magistrado destacó que el objetivo de los padres era visibilizar lo que consideraban un problema grave en la gestión educativa. En ningún caso, según el tribunal, las acciones de los padres estuvieron orientadas a coartar la libertad de la docente ni a obligarla a realizar acciones en contra de su voluntad. Aunque la docente pudo haberse sentido incómoda por la situación, el tribunal no encontró pruebas de que se buscara su desprestigio o humillación profesional.
El fallo del tribunal establece que no se practicaron pruebas durante el juicio que acreditaran acusaciones de contenido falso o acciones destinadas a desprestigiar a la docente. La sentencia, aunque no es firme, permite la presentación de un recurso de apelación. Esto abre la posibilidad de que la decisión judicial sea revisada en instancias superiores.
La absolución de los padres en este caso pone de manifiesto la importancia de la libertad de expresión en situaciones de conflicto en el ámbito educativo. El tribunal ha considerado que, en ausencia de pruebas que demuestren coacciones o violencia, las acciones de los padres no constituyen un delito. La posibilidad de apelación queda abierta para las partes involucradas en este proceso judicial.
