Insisten en que durante el juicio se han podido presentar pruebas que “desmonta un relato totalmente magnificado” aunque dicen que tienen “miedo a la sentencia” porque en el transcurso de todo este proceso han constatado “cómo la Guardia Civil ha sido juez y parte” y convocan una concentración para el próximo 25 de mayo a las doce del mediodía delante del Parlamento para reclamar justicia
Los familiares de los acusados por el denominado ‘Caso Alsasua’ han realizado este miércoles una primera valoración de las once sesiones de juicio en la Audiencia Nacional. Recuerdan que llevan “año y medio de pesadilla con tres de nuestros hijos encarcelados y alejados de nuestros hogares, con todo el daño y sufrimiento que ello supone para nuestras familias”. Además han convocado una concentración para el próximo 25 de mayo a las doce del mediodía delante del Parlamento para reclamar “justicia”.
En una intervención en Pamplona, han señalado que creen que “ya es hora de hacer justicia y deseamos que la sentencia permita que estas ocho familias recuperemos una vida normal”.
Insisten que esperar que “en la sentencia se haga justicia” y que sus hijos e hija “puedan retomar su futuro con tranquilidad y pasar esta tenebrosa página” y añaden que están “contentos con el transcurso del juicio porque hemos podido presentar pruebas que desmontan un relato totalmente magnificado, pero tenemos miedo a la sentencia” ya que recuerdan que “desde el primer instante, estamentos de poder con la ayuda de grandes medios de comunicación han magnificado los acontecimientos de aquella desgraciada madrugada y han ido construyendo artificiosamente un relato interesado y no ajustado a la verdad para convertirlo en un caso de terrorismo, con el objetivo de traducir su venganza en penas de cárcel desorbitadas para ocho jóvenes”.
“La madrugada del 15 de octubre de 2016 hubo un encontronazo, nada que no pueda ocurrir en cualquier otra población en una noche de juerga y alcohol. La diferencia es que sucedió en Alsasua y que en esta disputa estaban implicados dos guardias civiles y sus parejas. En ese mismo año acaecieron 9.571 casos similares y ninguno de ellos se consideró terrorismo, han indicado y han agradecido “el apoyo popular y las ganas de Justicia de una sociedad que se siente dolida y preocupada con el desarrollo de este caso”.
Al respecto dicen que coinciden sobre el caso con la opinión vertida por Amnistía Internacional y como conclusión de estas 11 sesiones añaden que “la calificación como delito de terrorismo ha sido desmontada por las pruebas presentadas y porque no se cumplen los requisitos que marca la ley, tal y como ya argumentó rigurosamente la Audiencia Provincial de Navarra en su auto de marzo de 2017”.
“Se ha dejado patente que existía una pretensión de magnificar los hechos para poder encajarlos con un delito de terrorismo. Los testimonios y las pruebas objetivas como el vídeo de instantes inmediatos a los hechos y los partes médicos y las periciales médicas, han demostrado que estamos ante un encontronazo espontáneo en un ambiente festivo a altas horas de la madrugada con personas ebrias y con unas lesiones que no son graves según el código penal. Además, el video grabado por uno de los encausados, el cual tras más de un año intentándolo finalmente fue admitido como prueba por el tribunal, muestra un ambiente completamente diferente al que la fiscalía pretendía presentar, sin gritos ni amenazas ni eslóganes de odio hacia la Guardia Civil”.
Los familiares de los acusados abundan en que en su opinión “a lo largo del juicio se han observado múltiples irregularidades y contradicciones en las
declaraciones de los denunciantes. El atestado que recoge frases no dichas y no firmado por el testigo; la tumultuosa y masiva participación en el denominado túnel de la muerte que se ve imposible dada la limitada capacidad de dos metros cuadrados del espacio donde se sitúa; la camisa impoluta que se observa en el video que no coincide con lo manifestado por las acusaciones; la obstinación de inculpar a determinado joven cuando existen pruebas fotográficas y un vídeo que demuestran que vestía claramente de otro color a lo testificado; el hecho de que en el vídeo se observe que el sargento pase delante y mantenga contacto visual con tres imputados sin reconocerlos cuando estaba buscando supuestos agresores; el hecho de que el informe sobre OSPA de 25 folios donde ya se identificaba a algunos de nuestros hijos se presentará en la causa ocho horas antes de la recepción de las denuncias; las irregularidades legales en las ruedas de reconocimiento; la paradoja de que los reconocimientos fotográficos den como resultado identificaciones positivas con fotos del carnet de identidad de hace cinco años e identificaciones negativas con fotos recientes”.
A estas contradicciones, los familiares suman el hecho de que “quince testigos, tanto de la defensa como de la acusación, han negado la participación de los ocho encausados en los actos violentos que se les imputa”.
“Creemos que no debería ser necesario recordarlo, pero constituye un derecho fundamental de todas las personas la presunción de inocencia y recae en las acusaciones demostrar más allá de la duda razonable la culpabilidad de las personas imputadas” y critican que “en el transcurso de todo este proceso hemos constatado cómo la Guardia Civil ha sido juez y parte, han sido denunciantes, acusación, investigadores, instructores y peritos de inteligencia”.
“Tres de nuestros hijos llevan 542 días en prisión provisional, por ello pedimos su puesta en libertad inmediata y otros cuatro fueron encarcelados durante un mes y una semana. Hemos recorrido 286.806 km y ya llevados gastado 69.200 € en viajes. A nuestros hijos y a sus madres y padres y familiares, este año y medio nos ha supuesto un perjuicio físico y psicológico importante”, consideran y piden a los medios de comunicación “respeto a la verdad” y estar “abiertos a la investigación de los hechos, perseguir la objetividad, contrastar los datos con cuantas fuentes periodísticas sean precisas, diferenciar con claridad información y opinión, respeto a la presunción de inocencia y rectificación de informaciones erróneas”.
Finalmente los padres y madres de Alsasua han mostrado su ” voluntad seguir trabajando para que este despropósito finalice” y en este sentido han anunciado una ronda con agentes institucionales, políticos, sociales, sindicales y culturales para tratar estos temas, y en segundo lugar, han convocado una concentración el próximo 25 de mayo a las 12:00 delante del Parlamento Navarro para reclamar “Justicia”.
