El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Anteproyecto de Ley que reducirá la jornada laboral ordinaria máxima a 37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual. La medida, que responde a un acuerdo alcanzado con los sindicatos CCOO y UGT el pasado 20 de diciembre, busca mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal, así como garantizar el derecho a la desconexión digital.
La reforma afectará especialmente a los trabajadores sin convenio colectivo, presentes en sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura y los servicios. Con este cambio, el Ejecutivo pretende fomentar el bienestar de los empleados y equilibrar el tiempo dedicado al trabajo con otras responsabilidades, como los cuidados, la salud y la participación ciudadana.
REGISTRO DE JORNADA Y DERECHO A LA DESCONEXIÓN
Para asegurar el cumplimiento de la reducción de jornada, la normativa refuerza el sistema de registro horario, que deberá garantizar objetividad, autenticidad y trazabilidad mediante herramientas digitales. La información deberá estar disponible en todo momento para la Inspección de Trabajo, los empleados y sus representantes sindicales.
Asimismo, se refuerza el derecho a la desconexión digital, impidiendo que las empresas exijan disponibilidad fuera del horario pactado. Cualquier represalia contra un trabajador por negarse a responder comunicaciones fuera de su jornada será considerada ilegal.
NUEVAS SANCIONES PARA EMPRESAS
El incumplimiento de estas medidas conllevará sanciones económicas, que oscilarán entre los 1.000 y los 10.000 euros según la gravedad de la infracción. Además, se establecerá una mesa de diálogo social para evaluar el impacto de la medida y facilitar su implantación en los convenios colectivos, que deberán adaptarse a la nueva normativa antes del 31 de diciembre de 2025.
