El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy la aprobación de un nuevo Real Decreto Ley Social que rescata gran parte de las medidas del llamado "escudo social" que fueron rechazadas la semana pasada en el Congreso. Este logro se ha conseguido tras intensas negociaciones con Junts, el partido independentista catalán cuyo apoyo era crucial para sacar adelante la iniciativa.
El nuevo decreto, que contiene 29 medidas, representa un triunfo para el Gobierno de coalición PSOE-Sumar, que ha conseguido mantener la esencia de su programa social a pesar de los obstáculos políticos. Entre las medidas más destacadas se encuentra la revalorización de las pensiones conforme al IPC, garantizando así el poder adquisitivo de los jubilados españoles.
Además, el decreto incluye una mejora significativa de las pensiones mínimas, un paso importante en la lucha contra la pobreza entre los mayores. Las ayudas a los municipios, hogares y empresas afectados por la DANA en Valencia también se mantienen, proporcionando un apoyo crucial a las zonas devastadas por este fenómeno meteorológico.
El Gobierno ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley Social que contiene la práctica totalidad de las medidas del escudo social aprobado en diciembre.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 28, 2025
Un total de 29 medidas, que incluyen:
➡️ La revalorización de las pensiones conforme al IPC
➡️ La mejora de las pensiones mínimas… pic.twitter.com/fwu1nsf4yf
El transporte público gratuito, una medida popular que ha aliviado la carga económica de muchos ciudadanos, continuará vigente. Asimismo, se mantendrán las ayudas a los afectados por la erupción volcánica en La Palma, demostrando el compromiso del Gobierno con la recuperación a largo plazo de la isla.
Una novedad importante en este decreto es la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos, una medida que busca facilitar el acceso a la vivienda y proteger tanto a arrendadores como a arrendatarios.
Sánchez ha subrayado que estas medidas son "necesarias y buenas para que España siga liderando el crecimiento económico y la creación de empleo en Europa". Este decreto representa un equilibrio delicado entre las demandas de los diferentes grupos políticos y la necesidad de mantener un robusto sistema de protección social.
El acuerdo con Junts, aunque ha permitido sacar adelante estas medidas, no ha estado exento de controversia. Se especula que, como parte del pacto, el Gobierno ha accedido a debatir una futura moción de confianza, una demanda de Junts relacionada con los compromisos derivados de la ley de amnistía.
Pedro Sánchez ha aclarado que el texto no contiene ninguna iniciativa que implique una subida del precio de la luz: "Es falso, no es verdad. De hecho, es justo al revés. El real decreto mejora el bono social del que se benefician las familias más vulnerables".
El jefe del Ejecutivo también ha remarcado que la norma no implica una subida del IVA de los alimentos: "Otra falsedad, otro bulo, otra mentira, ya que no contiene ninguna media al respecto".
El presidente ha defendido que el diálogo, la negociación y el acuerdo son la seña de identidad del Gobierno progresista y ha agradecido a todos los miembros del Consejo de Ministros su "aptitud y actitud" porque no dan un partido por perdido y "las cosas al final salen en favor de la mayoría social".
Asimismo, Pedro Sánchez ha invitado a todos los grupos parlamentarios a "votar a favor de estas medidas que gozan de un apoyo abrumador de la sociedad española".
Medidas económicas para seguir liderando el crecimiento y la creación de empleo
Respecto a las medidas de carácter económico aprobadas en diciembre y que no se incluyen en el nuevo decreto ley, Pedro Sánchez ha señalado que el Gobierno ya está negociando con los grupos parlamentarios para que puedan ser aprobadas "en cuestión de semanas". Entre esas iniciativas, el presidente ha mencionado el impulso a la industria electrointensiva y a la industria de la automoción -con el plan MOVES- y las entregas a cuenta para mejorar la financiación de las comunidades autónomas.
El jefe del Ejecutivo ha defendido la importancia de estas acciones para "seguir impulsando el extraordinario momento económico" que atraviesa España, por lo que espera que cuenten con el apoyo de una amplia mayoría de los grupos parlamentarios. "Al menos de aquellos que comparten la voluntad de que nuestro país siga liderando el crecimiento económico y la creación de empleo en Europa", ha añadido.
A este respecto, Pedro Sánchez ha destacado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos hoy: en un contexto internacional muy complejo, España registró en 2024 la tasa de paro más baja de los últimos 16 años y creó medio millón de nuevos puestos de trabajo. "Y las previsiones para 2025 y 2026 son también de un intenso ritmo en la creación de empleo", ha asegurado.
El presidente ha manifestado que las cifras récord de crecimiento y empleo, la transformación del modelo productivo y la reducción de las desigualdades no son mérito solo de las políticas del Gobierno durante los últimos 7 años, sino también de todas las fuerzas parlamentarias que las apoyan con sus votos, así como de las empresas, los trabajadores y el conjunto de la sociedad española.
Regulación de los grupos de interés
También el Gobierno central ha acordado remitir a las Cortes el Proyecto de Ley de Transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. Es la primera vez que se regulan, en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), las relaciones entre los denominados 'lobbies' y los titulares de puestos públicos en la AGE, susceptibles de recibir influencia, con el fin de garantizar una mayor transparencia, participación en la toma de decisiones públicas y prevención de conflictos de intereses.
La norma considera grupos de interés a aquellas personas físicas y jurídicas, agrupaciones sin personalidad jurídica, incluidas las plataformas, foros, redes u otras formas de actividad colectiva que lleven a cabo actividades de influencia sobre el personal público.
No tendrán la consideración de grupo de interés las administraciones públicas y su sector público institucional, los organismos y las autoridades públicas internacionales (incluidas las misiones diplomáticas y embajadas), los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y los colegios profesionales en el ejercicio de funciones públicas.
Se consideran personal público susceptible de recibir influencia los altos cargos de la AGE, los asesores de los gabinetes, los cargos directivos públicos y el resto del personal público que participe en la toma de decisiones, en la elaboración de disposiciones normativas y en la ejecución de las políticas públicas.
Otros acuerdos
El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de la licitación del concierto de MUFACE para los años 2025, 2026 y 2027 por el que se ofrece cobertura sanitaria, a través de aseguradoras, a parte de los funcionarios. El importe total del presupuesto del contrato, una vez modificado el precio, asciende a 4.808,5 millones de euros, 1.276,5 millones de euros más que el concierto vigente.
Por otra parte, el Gobierno ha asignado 143 millones de euros en ayudas directas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a dos proyectos españoles elegidos por la Comisión Europea para fomentar el uso del hidrógeno renovable en movilidad y transporte a escala europea.
Además, el Ejecutivo ha autorizado la compra de casi 25 millones de dosis de vacunas frente a la gripe estacional para las temporadas incluidas entre los años 2025 y 2028. El valor estimado de la adquisición supera los 277 millones de euros. Se trata de vacunas para varias comunidades autónomas, diversos órganos de la Administración General del Estado y las ciudades de Ceuta y Melilla.
