PAMPLONA, 26 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza, ha afirmado que el modelo actual de gestión de residuos en Navarra presenta «disfunciones e ineficacias», por lo que ha recomendado «buscar un nuevo modelo a través del nuevo mapa municipal» y crear el ente público previsto en la ley foral de residuos para que «coordine» esta actividad en todo el territorio.
Así lo ha manifestado este miércoles, durante su primera comparecencia parlamentaria desde su nombramiento, donde ha presentado el informe ‘Residuos domésticos y comerciales. Cómo mejorar la coordinación entre las administraciones para una gestión más eficaz y eficiente’.
El informe, elaborado con datos de 2020, detalla que en Navarra se han generado en un año 282.000 toneladas de residuos domésticos y comerciales, lo que supone 427 kilos por habitante y año. De esa recogida, es selectiva el 39%, mientras que el 61% son residuos mezclados. El 9% son envases y papel-cartón, el 6% vidrio, el 15% material orgánico, y el 8% material voluminoso. El 53% es fracción resto. De ellos, se eliminan el 54% de los residuos, mientras que se reutilizan el 46%.
Una de las conclusiones del estudio es que la Administración foral «se ha dotado de un marco normativo completo, alineado con el marco estatal y europeo», si bien «falta cierta adaptación a la nueva normativa estatal en la materia» y «algún desarrollo reglamentario», como en lo relacionado con eventos públicos y los residuos que se generan en ellos.
Comptos también señala que se ha incumplido el objetivo de reducción de generación de residuos recogido en el Plan de Residuos de Navarra y que «el resto de objetivos se cumplen en general, salvo por ciertas excepciones de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) y de la Ribera». Según ha trasladado Cabeza, ambas mancomunidades «presentan ciertos incumplimientos»: por un lado, la MCP «al no tratar previamente la fracción resto antes de su depósito en el vertedero», algo que «se supone que con el centro ambiental de la comarca se intentará solucionar»; y, por otro lado, la mancomunidad de La Ribera «aún no ha puesto en su totalidad en marcha la recogida selectiva de la materia orgánica».
Por otro lado, Cabeza ha criticado que las tasas de recogida y tratamiento «no se establecen en función de la generación de residuos», y ha señalado que «la ausencia» de datos sobre los costes de los servicios «impide» un análisis de eficiencia económica, si bien podría decirse que el servicio es «deficitario».
Además, el informe destaca que las dos entidades que gestionan el tratamiento y eliminación de los residuos, la MCP y el Consorcio de Residuos de Navarra, «lo hacen de forma independiente, y ello conlleva» que los residuos «recorran bastantes kilómetros con el consiguiente impacto económico, medioambiental y de huella de carbono». Asimismo, las entidades consorciadas encargadas de la recogida «gestionan las fracciones de residuos de distintas maneras, produciéndose deficiencias, sobrecostes, operaciones cruzadas que deberían evitarse para una gestión coordinada y conjunta».
RECOMENDACIONES
Además de impulsar un nuevo modelo de gestión y crear el ente público previsto en la ley foral, otra de las recomendaciones que recoge el estudio es «definir nuevas estrategias de tratamiento de residuos, considerando las plantas existentes, y la aplicación del principio de proximidad, intentando minimizar los costes tanto económicos como medioambientales».
Comptos también emplaza a analizar la implantación de forma «urgente» de alternativas «para solventar los problemas de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona antes de que se ponga en marcha el centro ambiental de la comarca».
Igualmente, se apuesta por reforzar las acciones de prevención de residuos «para invertir esta tendencia de incremento del volumen de residuos per capita», así como incrementar las campañas destinadas a la recogida selectiva de fracción orgánica en toda la comunidad, analizado la implantación de distintos sistemas de recogida más eficientes como el puerta a puerta o los contenedores inteligentes, «que permitan la obtención de ratios superiores a los actuales».
Por otro lado, Comptos recomienda establecer unas tasas basadas en el principio de ‘Quien contamina, paga’, teniendo en cuenta el pago en función de la generación de residuos y valorando la introducción de un componente fijo y un componente variable. También se aboga por analizar opciones de gestión del fondo de residuos y por impulsar desde las administraciones públicas la concienciación ciudadana sobre la reducción de residuos y el correcto reciclaje.
En el turno de los grupos, la parlamentaria de EH Bildu Arantza Izurdiaga ha considerado que «todavía tenemos muchas tareas que acometer» y muchos ámbitos de «mejora». En este sentido, ha apoyado la creación del ente público de residuos, el impulso de un nuevo modelo de gobernanza, y establecer sanciones ante incumplimientos en la separación de los residuos.
Por parte de Navarra Suma, el parlamentario Patxi Pérez ha indicado que la coalición «comparte parcialmente» las conclusiones y recomendaciones de Comptos. De esta forma, ha esperado que las adaptaciones a la normativa estatal «se realicen con celeridad» pero ha calificado de «inaceptable» el modelo de recogida puerta a puerta. En cuanto a la creación de un ente público, ha apostado por el modelo de NILSA y ha trasladado al PSN que «no aceptaremos otras asociaciones ni entes intermedios para contentar a sus socios de EH Bildu».
En nombre del PSN, el parlamentario Javier Lecumberri ha defendido la creación de un ente público «que gestione y coordine con una visión integral y global todos los residuos que se generan en Navarra», y ha apostado por «hilar fino» en cuanto a los nuevos modelos porque la recogida puerta a puerta podría «lesionar derechos individuales de privacidad», que son «muy delicados».
Finalmente, Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha compartido la necesidad de adoptar medidas para posibilitar que la ciudadanía pague en función de su propia generación de residuos o de la forma en la que los tratan. También ha apostado por la creación de un ente público y por la constitución de comarcas «como forma de crear sistemas administrativos que sean más eficaces y ineficientes a la hora de la gestión y el tratamiento».
