El fallecimiento de una persona presa en el Centro Penitenciario de Pamplona ha conmocionado este viernes tanto a la institución como a las entidades sociales implicadas en la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad. Según ha informado Salhaketa Nafarroa, las causas de la muerte están siendo investigadas, y los resultados de la autopsia serán clave para esclarecer lo ocurrido. De forma preliminar, se señala que podría tratarse de una sobredosis, aunque aún no se cuenta con confirmación oficial.
Desde Salhaketa han expresado su consternación por este suceso, que, según afirman, «no constituye un caso aislado». La organización ha subrayado que, de acuerdo con los Informes Generales de Instituciones Penitenciarias, en el Estado español se registran una media de 189 muertes en prisión cada año. En Navarra, entre 2012 y 2024, se han contabilizado diez fallecimientos en la prisión de Pamplona, de los cuales cuatro fueron atribuidos a causas naturales, dos a suicidios, dos a causas indeterminadas y dos al consumo de drogas.
Salhaketa ha recordado que «la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene la obligación de velar por la vida, la integridad y la salud de las personas presas». Sin embargo, han denunciado que la institución aborda estos problemas «desde una óptica punitiva, priorizando el control y el castigo sobre la prevención y la dignidad de las personas».
Además, han puesto el foco en la gestión de la salud dentro del centro penitenciario, competencia asumida por el Gobierno de Navarra desde 2021. Según datos oficiales del Departamento de Salud, más del 50 % de las personas presas en Pamplona padecen trastornos adictivos. Salhaketa ha instado al Gobierno Foral a reforzar los recursos de prevención y atención en salud mental, drogodependencias y patologías duales, tanto dentro como fuera de la prisión.
La organización ha expresado su apoyo a los allegados de la persona fallecida y ha exigido «transparencia en la investigación» y la implementación de «medidas efectivas para prevenir futuras tragedias».
«Es urgente avanzar hacia un modelo que priorice la reducción de daños, la atención integral y el respeto a los derechos humanos», han señalado desde Salhaketa, reiterando la necesidad de un cambio estructural en el sistema penitenciario.
El caso, que sigue bajo investigación, ha reavivado el debate sobre las condiciones en las cárceles y la atención sanitaria en estos espacios, especialmente en lo referente a la salud mental y las adicciones.
