Lunes Lilas, junto a otras asociaciones del estado, ha presentado una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para denunciar el trato recibido por Elisa Mouliáa durante su declaración en la investigación contra el exdiputado Íñigo Errejón, acusado de delitos contra la libertad sexual. La organización considera que la actitud del juez Adolfo Carretero, encargado del caso, ha vulnerado gravemente los derechos de la denunciante y no ha respetado las disposiciones de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual ni del Estatuto de la Víctima del Delito.
Según Lunes Lilas, el magistrado incurrió en prácticas de victimización secundaria al realizar preguntas innecesariamente sexualizadas y deshumanizantes, además de emitir juicios de valor sobre la actitud de la denunciante. Entre las críticas, destacan que el juez cuestionó la tardanza de Mouliáa en presentar la denuncia y le recriminó la ausencia de resistencia física o verbal, pese a que el Código Penal establece que el consentimiento es el elemento clave para determinar la existencia de agresión sexual.
La organización subraya que este tipo de actuaciones no solo vulneran los derechos de las víctimas, sino que también desincentivan a muchas mujeres a denunciar delitos contra la libertad sexual, dado el temor a no recibir un trato adecuado en el sistema judicial.
Lunes Lilas ha exigido al CGPJ que inicie una investigación y abra un expediente sancionador contra el magistrado, como medida para garantizar el cumplimiento de la legislación relativa a la violencia sexual. Asimismo, consideran imprescindible que Carretero reciba formación exhaustiva en perspectiva de género antes de instruir nuevos procesos relacionados con esta materia.
La denuncia también apela a la necesidad de restaurar la confianza de las mujeres en el sistema judicial, promoviendo un trato respetuoso y ajustado a la normativa vigente. Desde Lunes Lilas, concluyen que este caso debe servir de ejemplo para asegurar una aplicación efectiva de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual y reforzar el compromiso del sistema judicial con las víctimas de violencia sexual.
