El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el ingreso en prisión incondicional de los empresarios Víctor Aldama y Claudio Rivas por su presunta implicación en una organización dedicada al fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos, mientras que ha dejado en libertad con medidas cautelares a una tercera detenida, María Luisa R., hermana de este último. Víctor Aldama es el empresario implicado en el 'Caso Koldo', ex responsable del Zamora CF.
En un auto, el titular del Juzgado Central de Cinco atribuye a los investigados los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública y un fraude que ascendería hasta los 182.513.923,15 euros.
El instructor señala como responsables de la organización criminal a los codirectores Claudio R. y Víctor A., como subdirectora a María Luisa R., así como a otros cooperadores y una serie de testaferros situados en los órganos de administración de las sociedades suministradoras.
Pedraz explica que la organización criminal diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela que utilizó para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados. Así, a las cuentas bancarias tituladas por éstas, transfirieron fondos de procedencia delictiva, principalmente, desde las cuentas de las suministradoras. Dado que el dinero viene de las suministradoras, mercantiles que se emplean para bajar el precio del hidrocarburo con el IVA que no van a abonar, todo el dinero que transfiere procede de la cuota presuntamente defraudada.
La resolución del juez analiza con detalle la operativa puesta en marcha por los investigados para llevar a cabo la actividad defraudatoria utilizando una serie de sociedades instrumentales para operar en el mercado.
El magistrado indica que otro de los fines de esta organización estaba orientado al blanqueo de capitales que está parcialmente identificado y que consistía en el retorno de fondos con bienes muebles, inmuebles, vinos de alta gama, joyas u otros bienes de consumo que según el juez fueron disfrutados por Víctor A.
Todas estas operativas de transferencias de fondos se habrían amparado bajo supuestos contratos de prestación de servicios. El magistrado indica que puede haber otras sociedades con cuentas bancarias en el extranjero que aún no han sido identificadas a través de las cuales los investigados podrían operar salvaguardando el patrimonio vinculado.
El magistrado justifica la prisión provisional de Claudio R. y Víctor A. por la gravedad del delito con la pena que en su caso pudiera imponerse y que podría llevar a los imputados a eludir la acción de la justicia. Añade que en esta fase inicial de la investigación queda por analizar mucho material de las entradas y registros, de forma que podrían acordarse nuevas diligencias, a lo que se unen las medidas cautelares reales decretadas para recuperar en lo posible lo defraudado y que podrían verse perjudicadas en caso de quedar en libertad ambos investigados.
En el caso de María Luisa R., el juez le impone como medidas cautelares la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado más cercano a su vivienda, la retirada de pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional sin autorización judicial, así como la fijación de un domicilio y un teléfono para las notificaciones.
