Anticorrupción sostiene que accedieron a bases policiales para consultar sobre personas que eran objeto de investigación por parte de Villarejo
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye la causa ‘Tándem’, ha acordado citar en calidad de investigados en el marco de la pieza separada número 9 a cuatro mandos policiales por su supuesta participación en hechos constitutivos de delitos de descubrimiento y revelación de secretos y delitos de cohecho.
En un auto con fecha de 22 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado que investiga los contratos del BBVA con el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo recoge las diligencias que la Fiscalía Anticorrupción interesa por escrito de 19 de febrero e imputa a estos policías, un inspector jefe, un subinspector y dos oficiales.
Ordena además que se requiera a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) para que aporte la identificación de la persona que desde una concreta dirección IP ubicada en la Comisaría General de Información (CGI) en marzo de 2015 realizó una consulta sobre personas de interés policial con el dato ‘Smolnikov’ en los ficheros y aplicaciones Argos, Atlas Sidenpol y Objetos.
Tras enumerar estas diligencias, para las que de momento no hay fecha señalada, el magistrado apunta que el motivo hay que buscarlo en el momento actual de esta investigación en la que se indaga en los múltiples contratos de BBVA con el Grupo Cenyt –cuyo titular real era Villarejo– que tendrían «un carácter ilícito» y durante los cuales se llevaron a cabo injerencias en los derechos fundamentales de determinadas personas mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos o acceso a cuentas bancarias.
10,2 MILLONES POR LOS TRABAJOS DE VILLAREJO PARA BBVA
El juez instructor recuerda que esos contratos con Cenyt se hicieron a cambio de elevadas sumas de dinero, y apunta que hubo abonos del banco por un importe total de 10,2 millones de euros. Y subraya que los informes que entregó Villarejo a BBVA incorporan «una ingente cantidad de datos personales relativos a las personas objeto de investigación, buena parte de los cuales son accesibles a través de las diferentes ficheros y aplicaciones policiales».
Añade que la regulación vigente del acceso a esos ficheros del Ministerio del Interior no contempla como «usos previstos» ni como «comunicaciones de datos previstas» la cesión de tal información a entidades privadas. Pero el juez indica que de lo practicado hasta ahora, y de lo intervenido a Cenyt, se ha conocido que en el fichero policial Adextra se realizaron búsquedas en noviembre de 2016 que se plasmaron en una carpeta denominada ‘búlgaros’ y que contenía datos de hasta ocho personas de Europa del este.
El magistrado apunta que sobre todas esas personas se realizaron búsquedas en ese mes por parte de una de las oficiales que hoy cita como imputada y que estaba destinada en la CGI, y que el otro oficial imputado realizó también búsquedas ese mes sobre uno de ellos.
Pero la actividad no se quedó ahí, porque según informe de Asuntos Internos, además se realizaron búsquedas sobre ellos en Argos, Atlas, Sidenpol y Objetos «en el período temporal que abarca desde el 1 de noviembre de 2016 hasta el 28 de noviembre de ese mismo año» y en las que se implicó el subinspector de policía ahora imputado y que también está adscrito a la CGI.
ASUNTO NEIGBOUR, TEMPLAR Y HARD
El magistrado indica que también se realizaron búsquedas en ficheros policiales relativos a extranjeros desde febrero de 2015 a marzo de 2015 en el marco del denominado ‘Asunto Neigbour’ de dos personas, M. Chistyakov y M. Smolnikov. Y añade que en el ‘Asunto Templar’ (también relacionado con esta pieza separada) se investigó en ficheros policiales por parte del subinspector policial a otras cinco personas en las mismas fechas.
Asuntos Internos también se remontó a 2014 para saber si se usaron las aplicaciones policiales para realizar búsquedas relativas a intereses de Cenyt, y encontraron que en el programa relativo al DNI ese año se indagó –en concreto lo hizo el inspector jefe imputado– sobre una persona, Luis Rodríguez Durón, que era el principal investigado en el ‘asunto Hard’.