El tribunal tendrá que decidir si suspende la vista oral hasta que el exgerente del partido Cristóbal Páez se recupere del covid
Las acusaciones populares en el juicio por el presunto pago con dinero procedente de la caja ‘b’ de la reforma de la sede nacional del PP rebatirán este martes los argumentos que la Fiscalía Anticorrupción, defensas y PP han vertido contra ellas en la primera jornada de la vista oral, como la falta de legitimidad para acusar por algunos delitos o por la numerosa lista de testigos que han propuesto.
El tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que juzga la existencia de una presunta caja ‘b’ en el PP ha iniciado este lunes el juicio contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exgerente de la formación política Cristóbal Páez –quien ha seguido la primera sesión por videoconferencia tras dar positivo en covid–, y otras tres personas, además del propio partido, quien está considerado responsable civil de los delitos que hayan cometido el resto de acusados.
La primera jornada se ha centrado en la exposición de cuestiones previas y el tribunal ha dejado para la siguiente sesión el informe de la Fiscalía Anticorrupción con respecto a los argumentos esgrimidos por las otras partes presentes en el procedimiento, normalmente sobre lo que las defensas expresan contra su acusación.
También sobre la prueba solicitada en último momento, como pueden ser la propuesta de nuevos testigos, o si hay algún impedimento para que el tribunal permita a los acusados que se ausenten del juicio una vez sean interrogados, tal y como han solicitado sus abogados.
FALTA DE LEGITIMIDAD PARA ACUSAR
Asimismo será el momento en el que las acusaciones populares –que no han presentado ninguna cuestión previa– puedan responder a Anticorrupción y a las defensas que las han criticado por incluir en sus escritos de acusación provisional delitos de los que no acusan ni el Ministerio Público ni la Abogacía del Estado.
Así lo ha hecho, por un lado, el fiscal Antonio Romeral, que, apoyándose en jurisprudencia, ha invocado las conocidas como ‘doctrina Botín’ o ‘doctrina Atutxa’ para defender que las acusaciones populares no puedan acusar por un delito fiscal correspondiente con el Impuesto de Sociedades de 2008 porque el Ministerio Público no lo hace.
También, ha rechazado que los acusados puedan ser juzgados por delitos electorales, tal y como incluyen alguna de las acusaciones populares en sus escritos de acusación, al entender que estos hechos no fueron objeto de investigación.
Así, se ha mostrado en contra de que testifiquen aquellas personas que no tengan relación con los hechos objeto de enjuiciamiento o con la pieza separada que se sigue instruyendo en la Audiencia Nacional relativa a las presuntas donaciones finalistas realizadas al PP.
EL PP CARGA CONTRA LAS ACUSACIONES POPULARES
La formación política ha compartido este mismo punto de vista y ha cargado duramente contra las acusaciones populares al asegurar que la finalidad que éstas tienen es el «desgaste y escarnio del adversario político».
En este sentido, el abogado del PP, Jesús Santos, ha apuntado que cada una de acusaciones populares tienen una «vinculación política» con partidos de la bancada opuesta a la del PP y que quieren el «desfile» en la Audiencia Nacional de «expresidentes, exsecretarios generales y altos cargos» del partido para contribuir al «circo mediático».
Está previsto que en este juicio declaren como testigos los expresidentes del Gobierno y ex líderes del PP José María Aznar y Mariano Rajoy; los exministros María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes (ex secretarios generales del partido), Federico Trillo, Rodrigo Rato; el expresidente del Senado Pío García Escudero y el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo, entre otros.
Por otro lado, el abogado del PP también ha criticado a la defensa del extesorero ‘popular’ Luis Bárcenas por decir que no quiere «generar un circo mediático» y haya esperado hasta el inicio del juicio para sumarse a la petición de algunas acusaciones populares de que Rajoy declare como testigo en la vista oral.
Es más, ha rechazado que Gustavo Galán, abogado de Bárcenas, haya planteado al tribunal la posibilidad de celebrar un careo entre el extesorero y el expresidente del Gobierno si ambos manifiestan contradicciones en sus respectivas declaraciones sobre la existencia de una contabilidad paralela en el PP.
También por pedir a última hora que testifiquen cuatro periodistas sobre su supuesto conocimiento de la existencia de una grabación en la que el extesorero del PP Álvaro Lapuerta –cuya responsabilidad en esta causa se archivó por «demencia sobrevenida» dos años antes de fallecer– relacionaba a Rajoy con el pago de sobresueldos. Anticorrupción podrá mañana pronunciarse sobre esta propuesta realizada por la defensa de Bárcenas en el trámite de cuestiones previas.
Sobre Bárcenas, el Ministerio Público considera que, aunque en el juicio por la primera época de la trama Gürtel fue juzgado por apropiación indebida, ahora puede ser considerado cooperador necesario del mismo delito cometido por Lapuerta al usar dinero de la supuesta caja ‘b’ del PP para comprar de acciones de Libertad Digital.
RESOLUCIÓN DE LAS CUESTIONES PREVIAS
Una vez concluya esta fase, el tribunal tendrá que decidir si resuelve estas cuestiones previas, tal y como solicita el PP, o pospone su resolución al dictado de la sentencia.
Sobre lo que sí tendrá que tomar una decisión será sobre si suspender el juicio hasta que el exgerente del PP Cristóbal Páez se encuentre en disposición de acudir presencialmente a la sede judicial para declarar como acusado.
Su abogado, Gonzalo Martínez Fresneda, ha pedido que se aplace la vista oral al menos hasta principios de la semana que viene, para cuando calcula que habrá terminado la cuarentena que tiene que guardar Páez y siempre y cuando éste se encuentre en condiciones sanitarias para ser interrogado
