El vicepresidente y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha explicado este sábado en declaraciones a los medios de comunicación que existe "una relación ya bastante fluida" con la actual adjudicataria del contrato de las obras de Belate, con la que el Ejecutivo foral trabaja "para una solución acordada" que, en todo caso, "ya quedó claro que no iba a pasar por abonar ninguna cantidad económica, ni un euro, que no estuviera avalada técnica o jurídicamente".

Remírez ha señalado que el objetivo del Gobierno de Navarra es "resolver el contrato de manera pactada" para disponer del tiempo suficiente para volver a licitar tanto lo que resta del proyecto como de las obras, que ha recordado que están "más del cincuenta por ciento" ya ejecutadas, con el fin de cumplir con los plazos comprometidos con la Unión Europea. En este sentido, el portavoz ha subrayado que se trata de unas obras que acumulan "quince años de retraso" respecto a una obligación adquirida con Europa, y ha querido transmitir tranquilidad, asegurando que "se están haciendo las cosas bien" y "con forma de derecho", sin que se produzca "ningún menoscabo" ni "ninguna merma" de los recursos económicos de la ciudadanía navarra.

Preguntado por si el Gobierno es optimista respecto a alcanzar un acuerdo con la UTE adjudicataria, Remírez ha admitido que "pueden producirse los dos casos": una resolución pactada del contrato y, al mismo tiempo, que la empresa "acuda a los tribunales" para reclamar el reconocimiento de derechos económicos que el Gobierno no va a abonar, en referencia a unos sobrecostes que ha cifrado en nueve millones de euros y que, según ha explicado, la parte jurídica del Ejecutivo considera que no se pueden abonar. "Es compatible ambas cuestiones", ha apuntado, aunque ha insistido en que lo importante es que el contrato se resolverá de manera pactada, que se podrá licitar "cuanto antes" lo que resta del proyecto y de las obras, y que el túnel de Belate se terminará en el plazo comprometido con la Unión Europea, "un poquito más tarde de lo esperado", ya que iba a estar listo en torno a diciembre de 2027.

El portavoz ha recordado que el compromiso no afecta únicamente al túnel de Belate, sino también al túnel del Mando y al espacio entre ambos túneles, y ha reivindicado que "el compromiso con esa infraestructura y con la seguridad vial es clara" y que el Gobierno la "llevará a cabo".

Las máquinas, de nuevo trabajando a finales de 2027

Cuestionado sobre los plazos concretos, Remírez ha pedido prudencia, ya que "cualquier plazo luego es motivo de reproche, y con razón", pero ha avanzado que, si todo transcurre con normalidad, las máquinas podrían estar de nuevo trabajando "a finales del año 2027", tras un proceso de licitación de en torno a ocho meses. Ese calendario permitiría que las obras del túnel de Belate, del túnel del Mando y de la zona entre ambos túneles estuvieran culminadas, como máximo, en el año 2030.

El vicepresidente ha recordado además que la carretera N-121-A está siendo objeto de una operación de desdoble hacia una configuración de dos más uno, lo que, según ha destacado, ha permitido que las cifras de siniestralidad se hayan reducido "de manera drástica" hasta la fecha.

La presidenta de UPN y candidata al Gobierno de Navarra en las próximas elecciones forales, Cristina Ibarrola, ha afirmado que "María Chivite ha hecho de Belate un túnel repleto de mentiras, ilegalidades y hedor a corrupción".

Ibarrola ha criticado que "el Gobierno de Chivite ya ocultó la existencia del primer modificado y los consiguientes sobrecostes. Fue a preguntas de UPN en el Senado cuando nos enteramos de su existencia". "Pero las mentiras no han quedado ahí", ha continuado la dirigente regionalista, quien ha sostenido que "Chivite volvió a engañar a toda Navarra asegurando que el Gobierno acataba lo que decía la Intervención General en su informe de reparo suspensivo, para, a los pocos días, dictar una orden para hacer lo contrario y continuar". Según Ibarrola, "lo hicieron, además, con premeditación y alevosía, ocultándoselo a la propia Intervención General", algo que ha calificado como "el colmo de la desfachatez".

Para la presidenta de UPN, "todo lo que rodea Belate es un escándalo" y "la actuación del Gobierno de Chivite está siendo absolutamente indecente". "Han mentido continuamente a la ciudadanía y nos han mentido a los partidos políticos que, como Unión del Pueblo Navarro, hemos ido pidiendo un día sí y otro también información, explicaciones, transparencia y asunción de responsabilidades. Unas responsabilidades que siguen sin asumir", ha subrayado.

Ibarrola ha asegurado que "está claro que el único empeño del Gobierno de María Chivite ha sido y sigue siendo pagar sí o sí a las empresas el sobrecoste del modificado, pese a saber que es ilegal". "Lo que todavía no han explicado es a qué se debe tanto interés, qué tienen acordado con la UTE", ha añadido, recordando que el Gobierno tuvo esta misma semana la oportunidad de dar explicaciones en el Parlamento y que, según su versión, "una vez más, no solo no lo hizo, sino que se presentó junto a dos de sus consejeros en tono desafiante y soberbio".

En este sentido, la presidenta de UPN ha criticado que "la soberbia de Chivite ha llegado hasta el extremo de hacerse la foto en julio y celebrar el avance de las obras a sabiendas de que era ilegal". "¿Va a seguir mofándose de todos los navarros y navarras y diciendo que todo ha sido legal o transparente o va a asumir su responsabilidad y a contar toda la verdad?", se ha preguntado.

"Belate apesta", según Ibarrola

La candidata regionalista ha afirmado que "Belate apesta y no hay justificación que valga para la actuación del Gobierno. Se ha construido un túnel ilegal, a base de decisiones políticas sin estar apoyadas en informes técnicos ni jurídicos". Según Ibarrola, "Belate es la única infraestructura de relevancia que ha hecho María Chivite en toda la legislatura y está rodeada de unos indicios de corrupción cada vez más serios". "Cada día que pasa a María Chivite se le complica todo más por una situación que, no lo olvidemos, ha generado por su cuenta y riesgo el Gobierno que preside. Y, además, ha complicado la situación de todos los navarros, que no sabemos cuánto de más vamos a tener que pagar por sus decisiones", ha concluido.

Por último, UPN ha anunciado que ha solicitado la comparecencia de la directora general de Transportes e Infraestructuras, Berta Miranda, para que explique por qué firmó la orden contraria al criterio de la Intervención General, si alguien se lo pidió y si contó con algún informe jurídico que la avalara.

La candidata de Geroa Bai a la Presidencia de Navarra, Uxue Barkos, ha llamado este viernes a "llenar las urnas de votos contra la ultraderecha" en las próximas elecciones forales y ha pedido a la "Navarra plural y progresista" que dio su apoyo a la coalición en 2015, cuando fue elegida presidenta del Ejecutivo foral, que voten por la formación que "terminó con los agostazos" entre UPN y PSN.

De la misma manera, ha advertido a los socios del Gobierno de Navarra de que "la paciencia de Geroa Bai se termina cuando se le termina a la sociedad". Ha destacado que "seguiremos apostando por gobiernos plurales y progresistas pero seguiremos siendo exigentes, y todo lo incómodos que haga falta cuando las cosas se gestionan mal como en Belate".

Así lo ha señalado en un acto de inicio del curso político que la coalición ha celebrado este viernes en el Auditorio Baluarte de Pamplona y que ha contado con la asistencia de representantes de Geroa Bai como los consejeros José Mª Aierdi, Mikel Irujo, Fernando Domínguez y Ana Ollo; el presidente del Parlamento foral y presidente del PNV en Navarra, Unai Hualde; el portavoz parlamentario, Pablo Azcona, así como parlamentarios, alcaldes y concejales de la coalición.

Barkos ha advertido de que "por primera vez en mucho tiempo el riesgo de que la ultraderecha destroce mucho de lo que hemos conseguido es una realidad". A su vez, ha destacado que el riesgo de que dentro de un año llegue a las instituciones "es real si no lo detenemos. Y en esa batalla voy a estar". En este sentido, ha dado las gracias a la militancia "por darme vuestra confianza pero sobre todo por darme la oportunidad de seguir en primera línea en Navarra, para batallar contra el totalitarismo que nos hace menos libres".

La candidata ha remarcado que "no se trata de combatir su voto con cordones sanitarios en las instituciones: se trata de ganarles en las urnas". Asimismo, ha subrayado que "no vamos a batallar contra la violencia con más violencia como hemos visto en Berriozar. No vamos a regalarles argumentos a los más ultras dejando que todo se descomponga en Ceuta. No vamos a permitir que en nuestros pueblos, en nuestras ciudades tengan que elegir entre bienestar o solidaridad". Frente a ello, ha destacado que Geroa Bai ofrece "una gestión rigurosa y sin complejos, comprometida con el bienestar y garante de los derechos de todos".

Por todo ello, ha pedido el voto a la "Navarra plural y progresista" que en 2015 dio a Geroa Bai la oportunidad de terminar con los agostazos de UPN y PSN. "Esa es la que tiene que volver a las urnas el próximo mes de mayo", ha resaltado.

Barkos ha advertido de que "habremos perdido la batalla más importante de una sociedad que mira al futuro en libertad si nos engañan haciéndonos creer que hemos de elegir entre seguridad y solidaridad; entre el bienestar de los nuestros, y el de quienes queremos acoger". Así, ha manifestado que existen "certezas" que "exigen esfuerzo", como la defensa del Estado de Bienestar, el acceso a la vivienda, seguir avanzando en los derechos de las mujeres o los retos del cambio climático.

"El autogobierno de Navarra hoy peligra más que nunca"

La candidata a la Presidencia de Navarra ha advertido de que el autogobierno de la Comunidad Foral "hoy peligra más que nunca" y ha afirmado que "están ya los mentideros de Madrid barruntando una posible reforma constitucional como el precio que Vox impondrá al PP en un pacto para llegar a la Moncloa".

Así, ha advertido de que detrás de recortes en inversión ante el cambio climático, los programas de violencia machista, los derechos de las mujeres o el colectivo LGTBI "se enmascara una laminación del sistema competencial" y "del autogobierno y del convenio". "Y esto, esto no nos lo van a defender en Madrid. Esto lo vamos a tener que defender allí desde aquí", ha recalcado.

A este respecto, ha preguntado a UPN si "puede comprometerse con la sociedad navarra que no pactará con Vox, el partido que ha anunciado que si puede terminará con el autogobierno", y si se compromete a que "tampoco apoyará a ningún partido ni gobierno que pacte con Vox".

De la misma manera, a los socios del Gobierno de Navarra —PSN y Contigo-Zurekin— les ha advertido de que "Geroa Bai ha sido y será un socio leal, pero nuestra paciencia no es estratégica, se termina cuando se le termina a la sociedad".

Hualde llama a "recuperar la confianza de la ciudadanía"

Previamente a la intervención de Barkos, han intervenido en formato de mesa redonda Ana Ollo, Unai Hualde y Pablo Azcona, quienes han analizado los principales retos y líneas de actuación en lo que resta de legislatura.

Hualde ha llamado a "recuperar la confianza de la ciudadanía, la credibilidad" y ha lamentado que en los debates parlamentarios "vemos con demasiada frecuencia insultos y faltas de respeto". Frente a ello, ha defendido que Geroa Bai hace "proposiciones en positivo" y tiene "capacidad de liderazgo para llevarlas adelante".

Por su parte, Azcona ha destacado que en lo que queda de legislatura hay que sacar adelante "la necesaria" Ley Foral de Salud, la Ley Foral de Despoblación, la Ley de Industria y la ley de víctimas del terrorismo, "leyes que son de Geroa Bai", ha subrayado. A todo ello ha sumado la negociación de los presupuestos para 2027.

Finalmente, Ana Ollo ha lamentado que vivimos en una época en la que "estamos más informados pero a la vez más desinformados". Ha destacado que "Navarra tiene uno de los índices de calidad de vida más altos del Estado español, encabeza las mejores listas en empleo, PIB y otros indicadores sociales", aunque ha reconocido que existen déficits "que se pueden desbocar" si no se actúa sobre ellos, como el acceso a la vivienda, la atención sanitaria o el índice de pobreza. Ollo se ha mostrado convencida, no obstante, de que "lo mejor está por venir".

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ansoáin ha manifestado públicamente su posición ante el escrito trasladado a los grupos políticos municipales por la representación sindical de la Policía Municipal de la localidad, relativo a los hechos ocurridos durante el chupinazo de las fiestas del pasado 17 de septiembre.

El portavoz del PSN de Ansoáin, Iván Cacho, ha querido trasladar en primer lugar el "respeto y reconocimiento" de su formación a todas las trabajadoras y trabajadores de la Policía Municipal de Ansoáin, así como al conjunto de la plantilla municipal, por la labor que desempeñan al servicio de la ciudadanía. El PSN considera que ningún trabajador o trabajadora municipal debe ser objeto de "insultos, descalificaciones o expresiones que menoscaben su dignidad", y menos aún cuando estas se producen en el marco de un acto institucional y son posteriormente difundidas a través de canales oficiales del Ayuntamiento.

Cacho ha señalado que el debate político, la crítica y la discrepancia forman parte de una sociedad democrática y plural, si bien ha defendido que la libertad de expresión debe ejercerse "siempre desde el respeto a las personas y a las instituciones", sin normalizar expresiones que supongan una descalificación colectiva hacia quienes desempeñan una función pública. En este sentido, el portavoz socialista ha afirmado compartir la preocupación expresada por la representación sindical y ha considerado necesario que los hechos sean "aclarados y abordados institucionalmente", ofreciendo las explicaciones correspondientes y adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar que se repitan situaciones de esta naturaleza.

El PSN ha subrayado además la importancia de que el uso de los canales oficiales del Ayuntamiento se realice "con la responsabilidad que corresponde a una institución pública", señalando que la difusión de imágenes de un acto institucional implica una responsabilidad añadida y debe garantizar que los contenidos sean compatibles con el respeto debido a todas las personas y colectivos que forman parte del Ayuntamiento.

Cacho ha defendido que el respeto institucional hacia la Policía Municipal y hacia el conjunto de empleados y empleadas públicas debe estar "por encima de diferencias políticas o ideológicas", y ha precisado que el posicionamiento de su grupo no pretende interferir en el debate político ni prejuzgar responsabilidades individuales, sino dejar claro que no considera aceptable que se normalicen insultos o descalificaciones hacia la plantilla municipal en el ejercicio de sus funciones.

Por todo ello, el portavoz socialista ha manifestado el apoyo de su formación ante los hechos denunciados, ha reclamado las explicaciones oportunas y ha pedido que se actúe "con responsabilidad, respeto y altura institucional".

El comunicado original no identifica al firmante; he atribuido las declaraciones a Iván Cacho como portavoz siguiendo tu indicación. Si el escrito lleva otra firma, dímelo y lo corrijo.

El alcalde de Tudela,  Alejandro Toquero (UPN) ha respondido duramente a las afirmaciones del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, realizadas durante el debate del Estado de la Ciudad, en las que se refirió a Tudela para sostener que la capital navarra es más segura y cuenta con mejores tasas de criminalidad.

Según Toquero, los datos contradicen frontalmente las palabras del regidor pamplonés. «A día de hoy su tasa de criminalidad es de 77,6 infracciones por cada mil habitantes. Tudela: 68,8», argumenta, lo que demuestra que es Tudela la que registra mejores indicadores de seguridad.

Acusaciones de manipulación

La respuesta de Toquero no solo cuestiona los números, sino que va más allá, acusando al alcalde Asiron de faltar a la verdad con sus vecinos. «El alcalde de Pamplona debería saber a estas alturas que mentir a sus vecinos no está bien; menos aún 'cocinando' informes y metiendo por medio a Tudela y a su alcalde en un burdo intento de tapar sus vergüenzas», afirma.

Durante el primer semestre de 2026, subraya, «Pamplona ha mantenido una tasa de criminalidad claramente superior a la de Tudela, por más que Joseba Asiron quiera vender lo contrario».

El cuestionamiento de la autoridad moral

Toquero también toca otro aspecto más político, cuestionando la capacidad del equipo de gobierno de Pamplona para abordar determinados tipos de delincuencia. «Es lo que pasa cuando puede ser que se carezca de autoridad moral para perseguir o condenar determinados delitos, como el vandalismo urbano o el acoso de la Kale Borroka», señala.

Cerrando su respuesta con un tono crítico, Toquero demanda que si Asiron pretende usar estadísticas para justificar su gestión, lo primero es no manipularlas. «Si es para mentir y difamar, si no nombra a Tudela, mejor; pero si lo hace, lo único que le pido es que se lave antes la boca», concluye con una frase cargada de reproche.

Desde Tudela, añade Toquero, «seguimos trabajando en la seguridad de nuestra ciudad».

El presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, ha denunciado que el Gobierno foral pretende "diluir la realidad específica de las víctimas de ETA dentro de un concepto genérico de todas las violencias" en el proyecto de Ley Foral de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo.

García ha dado a conocer en rueda de prensa las enmiendas presentadas por su formación para mejorar un texto que considera insuficiente y ha dejado claro que el PP quiere que Navarra "cuente con una nueva ley", pero no apoyará "una norma que desdibuje a las víctimas del terrorismo ni rebaje el reconocimiento que merecen".

"ETA no fue una violencia más. Fue una organización terrorista que durante décadas asesinó, amenazó, extorsionó y expulsó a personas de Navarra por pensar diferente. Sus víctimas merecen un reconocimiento específico y no pueden desaparecer dentro de un relato genérico que borra quiénes fueron las víctimas y quiénes fueron los verdugos", ha afirmado García, quien ha añadido que "considerar a todas las víctimas por igual, como pretende esta ley, supone blanquear a quienes provocaron tanto sufrimiento en esta tierra durante décadas".

Un régimen sancionador y memoria en las aulas

El presidente del PPN ha explicado que las enmiendas de su formación buscan reforzar el reconocimiento institucional, la memoria, la educación y la reparación de las víctimas, además de incorporar medidas concretas en materia de ayudas sociales, vivienda y empleo público.

Entre las principales exigencias del PP figura la incorporación de un régimen sancionador efectivo. García ha defendido que la protección de la memoria y la dignidad de las víctimas "no puede quedarse en una mera declaración de intenciones" y que las conductas que las humillen o que supongan exaltación del terrorismo deben tener consecuencias jurídicas.

"Quien humilla a las víctimas o utiliza el espacio público para homenajear a terroristas no puede recibir después el respaldo económico de las instituciones como si no hubiera ocurrido nada", ha señalado, al tiempo que ha subrayado la necesidad de que los verdugos y quienes humillan a las víctimas del terrorismo no puedan participar en empleo público. Por ello, el PP propone que las resoluciones administrativas firmes por este tipo de conductas puedan tener consecuencias en el acceso a subvenciones, ayudas o bonificaciones públicas, dentro del marco legal.

Otro de los puntos centrales de las enmiendas es la transmisión de la memoria en los centros educativos. García ha reclamado que el currículo incorpore contenidos sobre el terrorismo, sus víctimas y los valores democráticos, y que sean las propias víctimas quienes puedan acudir a los centros para contar su experiencia directamente a los jóvenes.

El PP plantea además que la ley no se limite a los homenajes y establezca medidas materiales de reparación, como la mejora de indemnizaciones y ayudas, evitar vacíos legales, agilizar el reconocimiento de las situaciones de dependencia y garantizar la complementariedad de las ayudas forales con las estatales. García ha defendido que las víctimas y sus asociaciones deben participar activamente en los actos institucionales y en las políticas públicas de memoria, y ha reclamado que la ley reconozca a quienes tuvieron que abandonar Navarra como consecuencia de las amenazas terroristas.

Para García, "el Partido Socialista hace tiempo que decidió comprar el discurso de Bildu. Lo llevamos viendo en numerosas ocasiones a lo largo de la legislatura y lo hemos vuelto a ver en esta ley que, desde luego, sigue sin tratar a las víctimas de ETA con la dignidad que merecen".

El presidente del PPN ha asegurado que su formación está dispuesta a negociar, aunque ha advertido de que su apoyo dependerá de que el texto definitivo garantice el reconocimiento específico de las víctimas del terrorismo, un régimen sancionador efectivo, su participación directa en la educación, medidas reales de reparación y la protección de los espacios públicos dedicados a su memoria.

"Esta ley debe servir para reconocer, proteger y reparar a las víctimas, no para diluirlas ni para construir un relato cómodo para quienes todavía no han condenado con claridad el terrorismo de ETA. Las víctimas tienen que estar en el centro y sobre eso no vamos a dar ni un paso atrás", ha concluido.

Críticas por la liquidación de las obras de Belate

García ha aprovechado también la rueda de prensa para referirse a las informaciones que apuntan a que el director facultativo de Belate, Benjamín Lasheras, será el encargado de liquidar la obra de los túneles de Belate, una medida anunciada por la presidenta Chivite en su comparecencia del pasado miércoles.

"Resulta curioso y difícil de comprender que quien haya estado al frente de las obras más importantes de los últimos años en la Comunidad Foral de Navarra y quien ha sido el responsable de firmar todas las certificaciones mensuales, incluida la de junio, y de quien se pidió su dimisión al considerar que no había defendido los intereses de la Administración en las obras de Belate, no solo haya seguido en su cargo, sino que sea ahora el responsable también de liquidar la obra", ha señalado.

"¿Del lado de quién está el Gobierno de Navarra? ¿De qué lado está la presidenta Chivite? ¿Está del lado de la Hacienda Foral de Navarra o del lado de las empresas adjudicatarias? ¿Defiende el interés de Navarra y de los navarros o el suyo propio? La respuesta ya la conocemos. Este Gobierno de Navarra ha estado siempre del lado de Santos Cerdán, de las empresas de la UTE y del lado de los intereses personales de los socialistas", ha zanjado García.

Geroa Bai ha decidido designar a Uxue Barkos como candidata de la coalición a la Presidencia de Navarra en las próximas elecciones forales de 2027. La propuesta ya ha sido ratificada por los diferentes órganos de decisión de las formaciones que integran la coalición: Geroa Socialverdes, EAJ-PNV y Atarrabia Taldea.

Con esta decisión, Geroa Bai afronta el próximo ciclo electoral con el compromiso de seguir ofreciendo a la sociedad navarra, según ha explicado la coalición, un proyecto "progresista, plural y comprometido con el futuro de Navarra", desde la defensa de sus instituciones y de su capacidad para decidir sobre sus propias políticas.

Desde Geroa Bai se ha trasladado el convencimiento de que Barkos es "la mejor persona" para liderar Navarra ante los retos que la Comunidad Foral deberá afrontar en los próximos años, tanto en el ámbito social y económico como en la transformación de los servicios públicos, la transición energética o el desarrollo territorial.

La coalición considera que el momento actual exige "no dar ni un paso atrás ni permitir retrocesos" en los avances conseguidos por Navarra en los últimos años, subrayando que lo construido en materia de derechos, servicios públicos, igualdad, convivencia, desarrollo económico y autogobierno es fruto de "mucho esfuerzo" y de amplios acuerdos sociales y políticos. Por ello, Geroa Bai entiende que Navarra necesita el liderazgo de Barkos no solo para preservar lo conseguido, sino para dar un nuevo impulso a la Comunidad Foral y construir, sobre lo avanzado, "una comunidad todavía más justa, próspera, cohesionada y plural".

Reedición de la coalición

La designación de Uxue Barkos coincide con el acuerdo alcanzado por Geroa Socialverdes, EAJ-PNV y Atarrabia Taldea para reeditar Geroa Bai de cara a las próximas elecciones forales y municipales. De este modo, las tres formaciones reafirman su voluntad de continuar trabajando conjuntamente para fortalecer la Navarra progresista y plural en las instituciones, dando continuidad a un espacio político que consideran necesario para avanzar en políticas de progreso, convivencia y cohesión social.

El acuerdo para concurrir nuevamente como coalición supone, en palabras de Geroa Bai, renovar un compromiso compartido con Navarra y con una forma de hacer política basada en el diálogo, el acuerdo y la defensa del interés general.

Uxue Barkos ofrecerá su primera intervención pública como candidata de Geroa Bai a la Presidencia de Navarra durante el acto de inicio de curso político organizado por la coalición esta tarde en Baluarte, Pamplona.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha hecho balance de la legislatura durante su intervención en el último debate sobre el estado de la ciudad, en el que ha reivindicado tanto la moción de censura que dio origen al actual equipo de gobierno como la gestión desarrollada desde entonces, en vísperas de la próxima cita electoral.

Asiron ha defendido la moción de censura del 28 de diciembre de 2023 como "un ejercicio de responsabilidad" y "una muestra de capacidad de diálogo entre diferentes" que permitió a la ciudad salir de una situación de parálisis, tras cinco años de gobiernos de derechas marcados, según ha dicho, por "la imposición, el desprecio por las mayorías, la improvisación y el amiguismo". El acuerdo entre cuatro fuerzas políticas progresistas, ha señalado, ha permitido aprobar más de 900 millones de euros de gasto en tres años —contando también los remanentes— y sacar adelante decenas de proyectos con el objetivo de mejorar la vida de pamplonesas y pamploneses.

El alcalde ha subrayado que los pactos que posibilitaron tanto la moción de censura como el posterior acuerdo de gobierno se sustentaron en una serie de principios: el respeto por la diversidad y el marco institucional, el compromiso con la memoria, la justicia y la reparación de las víctimas, el reconocimiento del euskera como lengua propia de la ciudad, el impulso al primer plan de convivencia, la apuesta por destensionar los Sanfermines y el compromiso con la igualdad y la lucha contra la violencia machista. Principios que, ha explicado, se repitieron tanto en el acuerdo con el PSN como en el posterior con Geroa Bai, Contigo-Zurekin y EH Bildu.

En un contexto que ha descrito marcado por el auge de los discursos de odio y el avance del fascismo, Asiron ha defendido que el mayor logro de la legislatura ha sido "consolidar en torno a estos y otros valores una mayoría sólida, competente y comprometida", y ha afirmado que Pamplona se ha convertido en un referente "no solo en la gestión, sino sobre todo en la resistencia frente a la ola ultra".

En el terreno de la gestión, el alcalde ha cifrado en torno al 90% el grado de cumplimiento de los sesenta puntos del acuerdo programático de gobierno, con la expectativa de acercarse al 100% al término de la legislatura. Entre los aspectos "manifiestamente mejorables", ha señalado el retraso en la aprobación del primer plan de convivencia de Pamplona, cuyo proceso, según ha explicado, se ha ralentizado más de lo previsto, en parte por el boicot de dos fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento, aunque ha reafirmado el compromiso de aprobarlo antes de que termine el año, previsiblemente en noviembre, tras la celebración esta misma semana de una jornada participativa en el Civivox Condestable.

Entre los proyectos ya materializados, Asiron ha destacado la remodelación del paseo de Sarasate, con una inversión municipal en torno a los 11 millones de euros —a la que se suma la aportación de la Mancomunidad—, calificándola de actuación "de reto histórico" tanto por la escala del proyecto como por su calidad urbanística.

Las plataformas navarras contra las macroplantas de biogás han hecho pública una valoración de urgencia tras la aprobación por parte del Parlamento de Navarra de la moratoria a las nuevas plantas de biometanización, que se prolongará hasta el inicio de 2029. 

Según señalan estas plataformas, la votación parlamentaria supone el reconocimiento, "tras varios años de trabajo y movilización por parte de miles de personas", de la necesidad de una moratoria. A su juicio, con esta votación se admite lo que las plataformas han venido denunciando de forma continuada: la ausencia de un marco de debate democrático sobre el modelo de plantas de biometanización que Navarra pudiera precisar, así como la falta de instrumentos de planificación, normativos y de control.

Las organizaciones valoran de forma positiva que la moratoria afecte a todos los proyectos que no cuenten con autorización definitiva. Critican que, hasta la fecha, hayan sido las empresas —asociadas, según denuncian, a grupos financieros— quienes han presentado sus proyectos, con intereses económicos que consideran alejados de valores estratégicos como la defensa de la tierra, de los acuíferos y de las personas que trabajan y viven en ellas. Para las plataformas, resulta "inadmisible" que sean las empresas quienes marquen con sus proyectos la dirección a tomar, "aprovechando la complicidad y la inacción institucional".

Asimismo, sostienen que la aprobación de esta nueva moratoria deja en evidencia que la imposición, la desinformación y la aprobación de proyectos "a espaldas de la gente" no es el camino a seguir, y advierten de que la insistencia en esa vía "siempre encontrará la oposición popular".

Llamamiento a un proceso democrático

Las plataformas hacen un llamamiento para que esta moratoria sirva para abrir un proceso verdaderamente democrático que permita revertir la situación actual. Consideran que no son tiempos para plantas industriales que exigen cantidades ilimitadas de residuos para subsistir, ni tampoco para proyectos empresariales de carácter especulativo, y sostienen que la cuestión no es puramente energética.

En este sentido, reclaman que la biometanización se aborde "con mirada amplia", teniendo en cuenta su encaje con el carácter estratégico de la producción de alimentos de calidad, la descentralización y localización de las explotaciones agroganaderas, el aprovechamiento energético de residuos a nivel local, la preservación del suelo fértil y de los acuíferos ante la contaminación por nitratos que afecta a amplias zonas de Navarra, y un apoyo real al sector agroganadero que reduzca su dependencia de las multinacionales de la distribución.

Las plataformas navarras contra las macroplantas de biogás han anunciado que seguirán aportando y participando en este debate y proceso, aunque han advertido de que se mantendrán "vigilantes y atentas" para que la moratoria no se desvirtúe.

El Pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves con los votos en contra de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin y los votos a favor de VOX y la parlamentaria no adscrita, una moción para instar a la Cámara a "reafirmar que Ceuta y Melilla son irrevocablemente España y que su soberanía no es negociable ni está sometida a discusión; y que cualquier ataque contra cualquiera de estas ciudades españolas constituye un ataque contra toda España".

La moción desestimada incluía un segundo punto en el que, a su vez, se emplazaba al Legislativo Foral a "condenar la invasión y el ataque mediante actos de guerra híbrida por parte del reino de Marruecos contra España e instar al Gobierno de España a exigir a dicho Estado una declaración pública, expresa e inequívoca de respeto a la soberanía, integridad territorial y fronteras españolas, así como a exigir el cese inmediato de cualquier actuación, reivindicación o presión contra España".

En un tercer apartado, se exhortaba a "condenar la actuación del Gobierno de España, que a pesar de haber sido alertado por parte de los distintos servicios de información decidió no actuar para evitar y repeler la agresión marroquí, y que en lugar de defender nuestra soberanía ha sido cómplice de la agresión del reino de Marruecos contra la ciudad española de Ceuta".

En ese sentido, se conminaba a "manifestar que, a juicio del Parlamento de Navarra, concurren los presupuestos constitucionales y legales previstos en el artículo 102.2 de la Constitución para plantear la acusación por delito de traición o cualquier delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio de sus funciones contra Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y los demás miembros del Ejecutivo".

Asimismo, se apremiaba al Gobierno de Navarra a trasladar al Gobierno de España la posición favorable del Pleno a "mantener, durante todo el tiempo que resulte necesario, la presencia, el despliegue y la actuación permanente de las Fuerzas Armadas en la defensa de las fronteras terrestres y marítimas de Ceuta y Melilla; reforzar e incrementar sus efectivos, medios, capacidades e infraestructuras militares; y aprobar los planes de contingencia, protocolos de actuación y reglas de enfrentamiento jurídicamente procedentes para hacer frente a agresiones convencionales, híbridas o instrumentales".

Igualmente, se urgía al Ejecutivo Foral a comunicar al Gobierno de España la posición favorable del Pleno a "reforzar permanentemente en Ceuta y Melilla a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dotándolos de los efectivos y de todos los medios materiales, tecnológicos y jurídicos necesarios para impedir cualquier nuevo acto de agresión contra Ceuta".

De manera análoga, se invitaba al Gobierno de Navarra a manifestar al Ejecutivo central la posición favorable del Pleno a "proceder a la inmediata devolución de todas las personas que participaron en la agresión marroquí que empujó a más de 100.000 personas a asaltar nuestra frontera e invadir la ciudad de Ceuta así como exigir a Marruecos la readmisión efectiva de todas estas personas; y promover las reformas de la legislación española, de la normativa europea y de los convenios aplicables que resulten necesarias para hacer efectivas dichas devoluciones y proteger la soberanía y la seguridad nacional".

Además, se compelía al Gobierno de Navarra a comunicar al Ejecutivo central la posición favorable del Pleno a "mantener cerrados los pasos fronterizos con Marruecos mientras no existan garantías públicas, suficientes, verificables y efectivas de que una agresión semejante no volverá a producirse; y reforzar las fronteras de Ceuta. Y a promover las demás acciones políticas y judiciales que procedan contra cualesquiera de los cargos públicos, gobernantes, organizaciones no gubernamentales, entidades o personas que hubieran organizado, financiado, facilitado, encubierto o colaborado conscientemente con la invasión".

También se proponía al Gobierno de Navarra hacer saber al Ejecutivo central la posición favorable del Pleno a "adoptar las medidas necesarias para suspender de inmediato la aplicación del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos, de 4 de julio de 1991, de no producirse una inmediata, expresa y verificable rectificación de las actuaciones hostiles, de las reivindicaciones territoriales o de cualquier otro ataque contra la soberanía, la seguridad o los intereses nacionales de España".

Por otra parte, se instaba al Gobierno de la Nación a "convocar al Embajador del Reino de Marruecos en España, al objeto de trasladar la queja correspondiente y reafirmar la soberanía española sobre las ciudades de Ceuta y Melilla, así como la voluntad de nuestro país de defender nuestra integridad territorial con todos los instrumentos y medios a disposición del Estado". También a "llamar a consultas al embajador de España ante el Reino de Marruecos. Y en el caso de persistir la situación de invasión y ataque a la soberanía nacional, así como las declaraciones de las autoridades marroquíes que atacan la integridad territorial de nuestro país, retirar al embajador de España en Rabat y expulsar al embajador del Reino de Marruecos en Madrid".

Al hilo de lo apuntado, se encomendaba al Gobierno de Navarra hacer saber al Gobierno de España la posición favorable del Pleno a "subordinar cualquier relación futura con Marruecos a los principios de reciprocidad, respeto de la soberanía española y defensa de la integridad territorial. Y de no producirse la rectificación exigida, proceder a la suspensión y denuncia de los restantes acuerdos bilaterales de cooperación económica, comercial, migratoria, policial, militar o diplomática con Marruecos, sin perjuicio de exigir el íntegro cumplimiento de las obligaciones de readmisión".

En ese marco, se proponía al Gobierno de Navarra comunicar al Ejecutivo central la posición favorable del Pleno a "adoptar las sanciones, contramedidas y demás medidas de respuesta procedentes frente a la invasión; suspender toda ayuda, subvención o financiación pública española a Marruecos; promover ante la Unión Europea la suspensión o revisión del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación con Marruecos, de 26 de febrero de 1996, y los restantes acuerdos, fondos, ayudas y preferencias de que disfrute Marruecos mientras no respete plenamente la soberanía y las fronteras españolas y no acepte las devoluciones acordadas por las autoridades españolas; reclamar de la UE y de la OTAN un respaldo efectivo a la defensa de la soberanía, la integridad territorial y las fronteras españolas; y activar los instrumentos europeos y aliados que resulten procedentes para condenar y responder a la instrumentalización de la inmigración y otras formas de presión, coerción o guerra híbrida contra España".

Por último, se emplazaba al Legislativo Foral a "manifestar el total apoyo y la plena solidaridad con las familias españolas de Ceuta y Melilla, así como el reconocimiento a los militares, guardias civiles, policías y demás servidores públicos destinados en Ceuta que han afrontado la invasión de la ciudad; e instar al Gobierno de Navarra para que, a su vez, inste al Gobierno de España a manifestar la posición favorable del Pleno del Parlamento de Navarra a adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias para restablecer plenamente la normalidad y la convivencia alteradas desde hace demasiado tiempo, garantizando la seguridad y la libertad de los españoles residentes en Ceuta, restableciendo la actividad económica, educativa y social y el funcionamiento de la sanidad y de los demás servicios públicos colapsados en Ceuta, y asegurando que ninguna ciudad española vuelva a quedar sometida al caos, la violencia, el miedo o a una situación semejante".

El PPN presentó una enmienda in voce de sustitución, no aceptada por VOX, titular de la iniciativa, con diferencias de matiz dirigidas, entre otros aspectos, a plantear la vía penal contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delito de traición; solicitar el inicio de acciones judiciales contra cargos públicos, gobernantes, ONG o entidades que hayan "facilitado, encubierto o colaborado con la invasión"; introducir una serie de medidas de presión internacional a nivel de suspensión de tratados y acuerdos, además de revisión de fondos y ayudas en el marco de la UE; reforzar con carácter permanente a la Policía Nacional y la Guardia Civil; y restablecer con urgencia los servicios públicos colapsados.

En su intervención, el portavoz de VOX ha calificado de "traidor" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la gestión de los hechos y ha criticado con dureza que el Ejecutivo foral se haya ofrecido a acoger menores no acompañados llegados a Ceuta, algo que ha asimilado a una "sustracción de menores" o un "secuestro".

En la exposición de motivos, VOX interpreta la entrada masiva a Ceuta de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos como "una invasión, un ataque de guerra híbrida contra la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de España, mediante la utilización deliberada de la inmigración como instrumento de presión, coerción y confrontación".

El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy, con los votos a favor de UPN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, las abstenciones de PSN y PPN y los votos en contra de VOX y la parlamentaria no adscrita, la modificación de la Ley Foral 17/2020, reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental.

La ley, impulsada por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, tiene por objeto ampliar dos años más, hasta el 31 de diciembre de 2028, la moratoria por la que ninguna administración pública admitirá a trámite nuevos proyectos de plantas de biometanización anaeróbica cuya actividad consista en la gestión de residuos orgánicos, agroalimentarios y/o deyecciones ganaderas generados por instalaciones externas a la propia planta.

Paralelamente, las plantas de estas características que, con una capacidad de gestión anual superior a las 100.000 toneladas, se encuentren en fase de autorización a fecha de 15 de julio de 2026, serán objeto de suspensión cautelar hasta el 31 de diciembre de 2028. A este respecto, se invoca el principio de igualdad, con el fin de someter los macroproyectos a las nuevas exigencias regulatorias.

La dilación afecta también a los expedientes de autorización de plantas de biometanización que ya estuvieran suspendidos cautelarmente a fecha de 15 de julio de 2026, que se mantendrán en la misma situación y condiciones que motivaron en su día la resolución de la Dirección General de Medio Ambiente.

Quedan excluidas de la moratoria las plantas de biometanización de autogestión de residuos propios con una capacidad inferior a 25.000 toneladas anuales, al considerarse elementos clave de la economía circular del sector primario. También están eximidas las instalaciones de biometanización anaeróbicas de gestión pública que respondan a procesos complementarios a otros marcos competenciales, como la gestión de residuos domésticos municipales procedentes del quinto contenedor de la fracción orgánica y la depuración de aguas residuales urbanas, siempre que su actividad se ciña a la gestión de los residuos producidos en su propia actividad, con independencia del punto de generación de los mismos.

Los distintos términos de esta moratoria, materializada a través de la reforma de la disposición adicional octava de la Ley Foral 17/2020, perderán su vigencia en el momento en que entre en vigor la nueva normativa foral de implantación, seguimiento y control de plantas de biometanización, o cuando venza el plazo previsto.

En la exposición de motivos se defiende la necesidad de ampliar la moratoria aprobada por medio de la Ley Foral 14/2025 para, teniendo en cuenta los trabajos de la Comisión Técnica Interdepartamental y las distintas posturas puestas de relieve durante el periodo de escucha, dotar a Navarra de un marco regulatorio que permita armonizar las demandas del conjunto de la sociedad de forma "clara y sistemática". En ese sentido, de cara a asegurar la sostenibilidad de la actividad en su doble vertiente —gestión de residuos agroganaderos y producción de energías renovables—, se habla de minimizar las posibles afecciones sobre el paisaje, la población, los viales de acceso, el tráfico pesado o los olores, estableciendo entre otras medidas un método de seguimiento y control de los digestatos resultantes y de los terrenos sobre los que se aplican.

El PSN presentó una enmienda de sustitución, rechazada por todas las formaciones salvo el PPN, dirigida a dejar al margen de la prórroga —la moratoria anterior expira el próximo 14 de noviembre— a las plantas de biometanización con una capacidad de gestión anual superior a las 100.000 toneladas, y a retrotraer del 15 de julio al 1 de junio la fecha de referencia para los expedientes sometidos a suspensión cautelar.

Tramitada en lectura única, la modificación de la Ley Foral reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

El Pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves, con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención de UPN y los votos a favor de PPN, VOX, y la parlamentaria no adscrita, la propuesta de modificación de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

La proposición de ley, impulsada por el grupo parlamentario PPN, tenía por objeto eliminar el límite adicional que restringe la aplicación de determinadas deducciones fiscales, mediante la derogación del ordinal 4º del artículo 53.2, para posibilitar su aplicación íntegra a inversiones productivas, obras cinematográficas, series audiovisuales y actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i).

En defensa de la supresión de este suelo, que en función del tipo de gravamen de la empresa impide reducir la tributación mínima por debajo del 18%, el 16% o el 13%, el grupo proponente apeló a la conveniencia de mejorar el clima de inversión con el fin de optimizar el atractivo de los incentivos fiscales.

Tramitada en lectura única, con el voto en contra de EH Bildu, la proposición de ley, que planteaba reformar la Ley Foral 26/2016 del Impuesto sobre Sociedades, no ha prosperado ante la falta de apoyos entre los grupos que sostienen al Gobierno de Navarra, que han asumido los criterios de disconformidad esgrimidos desde el Ejecutivo foral.

En ese sentido, se ha alegado la imposibilidad de evaluar la aplicación del límite adicional que contiene el artículo 53.2 de la citada ley, ya que este se introdujo con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2026, en el marco de la Ley Foral 17/2025, de 22 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. Esto hace inviable realizar una primera estimación de su impacto hasta julio de 2027. Lo que sí resulta claro es que, en mayor o menor medida, la proposición de ley habría supuesto una disminución de ingresos para la Administración Foral.

Consumado el rechazo, las empresas navarras continuarán sujetas al límite intermedio en el cálculo de su tributación mínima, quedando descartada la ejecución de la iniciativa del PPN, que tenía carácter retroactivo al 1 de enero de 2026.

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha confirmado su asistencia al Nafarroa Oinez 2026, la fiesta anual de las ikastolas navarras en favor del euskera, que se celebrará el domingo 18 de octubre bajo el lema Bidean Bat Gara —En el camino somos uno—. Así lo comunicó tras recibir hoy en la sede de la Cámara a una delegación encabezada por el presidente de la Federación Navarra de Ikastolas, Oier Sanjurjo, el director Josu Reparaz, y las directoras de los dos centros organizadores: Garbiñe Zulaika, de la ikastola Erentzun de Viana, y Uxue Lazkano, de la ikastola San Fermín de Zizur.

Esta edición, la 45ª de la historia del Oinez, supone una novedad histórica: por primera vez dos ikastolas asumen conjuntamente la organización de la fiesta. Erentzun, fundada en 1978, y San Fermín, de 1970, recogen el testigo de la ikastola Paz de Ziganda de Villava con dos realidades territoriales distintas —la Ribera y la Cuenca de Pamplona— pero con un objetivo compartido: la defensa y promoción del euskera.

Hualde valoró positivamente el proyecto y subrayó el compromiso institucional con el evento. "La presencia institucional es la mínima muestra de respeto a un modelo como el de las ikastolas, que durante tiempos verdaderamente negros trabajó denodadamente por el mantenimiento de nuestra lengua desde la enseñanza", afirmó el presidente del Legislativo foral.

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy una moción presentada por Unión del Pueblo Navarro que exige al Gobierno de España licitar las obras de la segunda fase del Canal de Navarra antes de que finalice 2026. La iniciativa ha obtenido 172 votos a favor, 157 abstenciones y 17 en contra.

La moción, además de instar a la licitación inmediata, reclama al Ejecutivo que establezca un cronograma concreto de los trámites pendientes para la adjudicación de las obras de la segunda y última fase del proyecto.

"La decisión final es del Ministerio"

El diputado de UPN en el Congreso, Alberto Catalán, ha señalado que los proyectos "están redactados hace años y la mayoría de los trámites realizados". Según Catalán, el Gobierno de Navarra, ayuntamientos, sindicatos de riego y mancomunidades de agua "han hecho su trabajo". "Es la hora del Ministerio, la decisión final: licitar y adjudicar la obra", ha afirmado.

"Se puede y se debe licitar ya la obra. Las cuestiones pendientes y las normas legales así lo permiten, firmados los convenios. No hay argumentos para más retrasos", ha insistido.

Catalán ha recordado que esta es la tercera ocasión en que el Congreso insta al Gobierno a avanzar en el proyecto. En 2024 se aprobó una moción similar, pero entonces "los convenios estaban sin redactar ni revisar", ha precisado. En abril de 2026, la Cámara Baja volvió a aprobar otra moción de UPN instando a la licitación en este año, mandato que, según el diputado, no se ha cumplido.

Posiciones políticas enfrentadas

La votación ha evidenciado posiciones distintas en el Congreso. EH Bildu, Podemos y Junts votaron en contra, mientras que el PSOE, PNV, SUMAR, ERC y BNG se abstuvieron.

Catalán ha defendido el derecho de UPN a "insistir una vez más" con las obras del Canal. "Es nuestro derecho y obligación defender los intereses de Navarra y los navarros", ha subrayado, rechazando posibles críticas por volver a traer el tema al hemiciclo.

El diputado ha criticado asimismo a "la izquierda abertzale y la extrema izquierda" por su oposición histórica al proyecto, afirmando que su "desconocimiento de la realidad navarra es tal que cualquier argumento les sirve".

Un proyecto con larga trayectoria

Catalán ha cerrado su intervención recordando que sin el Pantano de Itoiz y el Canal de Navarra, "los ríos Irati, Aragón y Ebro estarían sin regular y Navarra seguiría pasando sed, con restricciones de agua y sin futuro". El proyecto, que ha tardado décadas en desarrollarse, se encuentra en la recta final de su segunda y última fase.

El alcalde de Corella, Gorka García Izal, ha respondido este miércoles al auto dictado por el Juzgado de Tudela que abre la puerta a que sea juzgado por presuntos delitos de prevaricación y malversación en su gestión al frente del Ayuntamiento de Corella. En un comunicado, el regidor ha querido trasladar a la ciudadanía "su posición con absoluta claridad y serenidad" y ha negado tajantemente haber cometido ningún delito.

"No me he llevado dinero del Ayuntamiento de Corella, no me he enriquecido con mi responsabilidad como alcalde y niego haber cometido ningún delito. Mi actuación como alcalde siempre ha estado dirigida al interés general de Corella y de sus vecinos y vecinas", ha afirmado García.

El alcalde ha insistido en que el auto conocido hoy "no es una sentencia ni declara" que haya cometido delito alguno, y ha explicado que se trata de una resolución dictada dentro de un procedimiento judicial que continúa su tramitación, en la que se señala que determinados hechos podrían ser constitutivos de delito. Según ha recordado, corresponde ahora al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas decidir los siguientes pasos procesales, ya que el propio auto contempla que puedan solicitar la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o, en su caso, diligencias complementarias.

García ha querido además desmentir "determinadas informaciones que pueden generar una percepción que no se corresponde con lo que recoge la resolución judicial", subrayando que "en ningún momento el auto afirma" que se haya apropiado de dinero público ni que haya obtenido un beneficio económico personal. Según ha explicado, las actuaciones cuestionadas se refieren "fundamentalmente a procedimientos administrativos relacionados con contratación, personal y subvenciones" del Ayuntamiento y de organismos municipales, cuestiones que, ha señalado, deberán analizarse y dirimirse en sede judicial "con todas las garantías y con pleno respeto al derecho de defensa".

"Tengo la absoluta tranquilidad de quien sabe que no ha utilizado su cargo para enriquecerse ni para obtener ningún beneficio personal", ha añadido el alcalde, quien ha reconocido que determinadas decisiones administrativas de su mandato "puedan ser discutidas, cuestionadas o incluso objeto de diferentes interpretaciones jurídicas", aunque ha rechazado que se traslade a la ciudadanía "la idea" de que se ha quedado con dinero público o ha actuado en beneficio propio.

Recurso frente al auto

El regidor ha anunciado que su defensa interpondrá el correspondiente recurso frente al auto, al entender que "no toda irregularidad administrativa constituye, por sí misma, un delito de prevaricación", y ha señalado que su defensa considera necesario que esta cuestión sea examinada "con todas las garantías jurídicas".

García ha asegurado que continuará defendiendo su actuación "con todos los medios legales" a su alcance y colaborando "plenamente con la Justicia, como he hecho desde el primer momento", y ha mostrado su confianza en que el procedimiento permita "aclarar definitivamente los hechos" a partir de la documentación y las circunstancias de cada una de las actuaciones cuestionadas.

El alcalde ha agradecido, por último, las "numerosas muestras de apoyo y confianza" recibidas en los últimos días y ha reiterado que su "compromiso con Corella sigue intacto".

Carta íntegra del alcalde

Ante las informaciones publicadas hoy a raíz del auto dictado por el Juzgado de Tudela, quiero trasladar a la ciudadanía de Corella mi posición con absoluta claridad y serenidad.

No me he llevado dinero del Ayuntamiento de Corella, no me he enriquecido con mi responsabilidad como alcalde y niego haber cometido ningún delito. Mi actuación como alcalde siempre ha estado dirigida al interés general de Corella y de sus vecinos y vecinas.

El auto conocido hoy no es una sentencia ni declara que yo haya cometido ningún delito. Se trata de una resolución dictada dentro de un procedimiento judicial que continúa su tramitación y en la que se señala que determinados hechos podrían ser constitutivos de delitos, correspondiendo ahora al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas decidir los siguientes pasos procesales. El propio auto establece expresamente que podrán solicitar la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o, en su caso, diligencias complementarias.

Quiero dejar también algo muy claro ante determinadas informaciones que pueden generar una percepción que no se corresponde con lo que recoge la resolución judicial: en ningún momento el auto afirma que yo me haya apropiado de dinero público ni que haya obtenido un beneficio económico personal.

Las actuaciones que se cuestionan se refieren fundamentalmente a procedimientos administrativos relacionados con contratación, personal y subvenciones del Ayuntamiento y de organismos municipales. Son cuestiones que deberán ser analizadas y, en su caso, dirimidas en sede judicial, con todas las garantías y con pleno respeto al derecho de defensa.

Por mi parte, tengo la absoluta tranquilidad de quien sabe que no ha utilizado su cargo para enriquecerse ni para obtener ningún beneficio personal.

Durante estos años he tomado decisiones pensando siempre en lo que consideraba mejor para Corella. Puedo aceptar que determinadas decisiones administrativas sean discutidas, cuestionadas o incluso que puedan ser objeto de diferentes interpretaciones jurídicas. Lo que no puedo aceptar es que se pretenda trasladar a la ciudadanía la idea de que me he quedado con dinero público o que he actuado para beneficiarme personalmente, porque eso no es cierto.

Asimismo, se interpondrá el correspondiente recurso frente a este auto, al entender que no toda irregularidad administrativa constituye, por sí misma, un delito de prevaricación. La defensa considera necesario que esta cuestión sea examinada con todas las garantías jurídicas.

Voy a seguir defendiendo mi actuación con todos los medios legales a mi alcance y colaborando plenamente con la Justicia, como he hecho desde el primer momento.

Confío en que este procedimiento permita aclarar definitivamente los hechos y que se pueda valorar toda la documentación y todas las circunstancias que rodean cada una de las actuaciones cuestionadas.

Mientras tanto, seguiré haciendo lo que he hecho desde que asumí la Alcaldía: trabajar por Corella y por sus vecinos y vecinas, con la cabeza alta y con la tranquilidad de saber que nunca he utilizado el Ayuntamiento para mi beneficio personal.

Quiero agradecer especialmente las numerosas muestras de apoyo y confianza que estoy recibiendo estos días.

Mi compromiso con Corella sigue intacto.

 

 

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha comparecido este miércoles en la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra a petición del grupo parlamentario de Unión del Pueblo Navarro (UPN), que había solicitado su presencia para informar sobre el estado de las obras de duplicación del túnel de Belate. Durante su intervención, Chivite anunció que la directora general de Obras Públicas firmará "en breve" el abandono de la vía del modificado, lo que se notificará a la UTE adjudicataria.

"Hoy lo que podemos adelantar en esta comisión es que la directora general de Obras Públicas va a firmar en breve que se abandona la vía del modificado y esto se le va a notificar a la UTE. De este modo, la obra no va a continuar en los términos actuales, no puede continuar en los términos actuales, lo que significa que el escenario más probable a partir de ahora es que vamos a volver a licitar", afirmó la presidenta ante los parlamentarios.

Chivite compareció acompañada del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, así como del consejero de Cohesión Territorial. La presidenta explicó que ella intervendría en primer lugar, el vicepresidente abordaría después los aspectos estrictamente legales, en referencia al informe jurídico, y finalmente el consejero de Cohesión Territorial se referiría a las cuestiones técnicas.

La presidenta insistió en que, pese al cambio de rumbo, "las obras se van a hacer" y que el nuevo túnel de Belate "se va a terminar". "Obviamente esto no era el plan inicial, pero la vista está que es el único viable. Por lo tanto, una problema, una situación muy compleja: este gobierno pone soluciones", señaló. Subrayó que lo que ha movido al Ejecutivo desde el inicio de este proyecto, integrado en el desdoble de la carretera N-121, es la seguridad vial, el cumplimiento de la legalidad europea —cuyo incumplimiento podría acarrear una multa multimillonaria de la Comisión Europea— y la mejora de la cohesión territorial y la movilidad en las carreteras navarras.

Chivite defendió que su Gobierno ha actuado en todo momento siguiendo las indicaciones técnicas y jurídicas de la administración y negó cualquier actuación irregular. "Este gobierno no diseña túneles, no da ni dedo adjudicaciones. El gobierno toma una decisión política y es el personal técnico el que marca el camino", afirmó, añadiendo que las discrepancias de criterio entre distintas áreas administrativas son "lo normal" y prueba de que "los controles internos funcionan".

La presidenta remarcó además que fue el propio vicepresidente del Gobierno quien solicitó el informe jurídico sobre el modificado, "un informe que no era ni necesario ni preceptivo", como muestra, dijo, de transparencia. "No vamos a pagar ni un euro que no esté perfectamente justificado y acreditado como necesario", concluyó.

La intervención de Chivite se produjo después de que el portavoz de UPN, Javier Esparza, abriera la comparecencia con una dura intervención en la que repasó la cronología del caso: los votos particulares en la mesa de contratación, las advertencias de los servicios jurídicos y la intervención sobre presuntas ilegalidades, el informe de la Oficina Anticorrupción que calificó de nula de pleno derecho la adjudicación, la vinculación de Santos Cerdán con Servinabar —una de las empresas de la UTE adjudicataria—, y la investigación abierta por la Audiencia Nacional a petición de la UCO.

Esparza reclamó a la presidenta que aclarara si el Gobierno dispone de un informe jurídico que respalde el pago de 8,3 millones de euros a las empresas adjudicatarias y le instó a asumir su responsabilidad política.

El vicepresidente y consejero portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, evitó este miércoles avanzar detalles sobre la modificación de la obra del túnel de Belate y el sobrecoste de 8,5 millones de euros que la asesoría jurídica del Ejecutivo no ve justificado, y remitió cualquier avance a la comparecencia de la presidenta Chivite esta tarde ante la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra.

Remírez explicó que a dicha comparecencia acudirán, junto a la presidenta, el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, y él mismo. "Me voy a remitir, por una cuestión de respeto institucional, a los detalles de la propia comparecencia de esta tarde", señaló, y añadió que el Gobierno está "trabajando desde el diálogo y la transparencia con el objetivo de darle continuidad a la infraestructura estratégica para Navarra, con todas las garantías jurídicas".

Preguntado por la reunión mantenida el lunes con los socios de coalición para abordar el asunto, el vicepresidente defendió la existencia de "un canal de comunicación abierto y permanente" con Geroa Bai. "Cuando hay cuestiones que, por su entidad y por su sensibilidad, consideramos que los socios tienen que ser informados de primera mano, es bueno que tengamos ese espacio de diálogo", explicó, recordando que ya se les había trasladado anteriormente el contenido del informe jurídico que descartó la vía del enriquecimiento injusto.

Sobre el tono del encuentro, Remírez lo calificó de "muy útil" y "transparente": "No creo que transmitiera que hubo una reunión crispada; al contrario, fue una reunión muy útil, una reunión transparente donde se expusieron los escenarios y nos expuso finalmente la opción por la cual va a optar el Gobierno de Navarra". Preguntado por el contraste entre esa versión y las declaraciones críticas realizadas después por representantes de Geroa Bai, apuntó que quizá respondan a "ciertas urgencias de la oposición electoral" y remitió cualquier valoración sobre la postura de ese partido a la propia formación: "Esa pregunta se la tiene que dirigir a Geroa Bai. Nosotros, como Gobierno de Navarra, lo que hemos hecho es transmitir con transparencia y con claridad la situación, y también poner encima de la mesa los distintos escenarios y la acción que finalmente consideramos más adecuada".

El vicepresidente matizó que la vía por la que ha optado el Ejecutivo no está cerrada del todo: "Hay, lógicamente, una apuesta por una vía concreta, pero esa vía necesita una serie de actos administrativos que no están cerrados al día de hoy". Precisó además que una decisión de estas características "no es un acuerdo político, es un acuerdo del ámbito técnico, jurídico y administrativo", aunque reconoció que su puesta en marcha requeriría acuerdo entre los socios de gobierno.

Remírez situó la polémica actual en el contexto de los quince años de inacción que, según dijo, precedieron a la actual legislatura: "El Gobierno estaba preocupado porque hubo quince años de inacción política, porque había una obligación muy seria". Recordó que el plazo para adecuar los túneles de Belate y Almándoz a la normativa europea de redes transeuropeas de carreteras venció en abril de 2019, lo que supuso una propuesta de sanción de la Comisión Europea al inicio de la legislatura. "Lo que nos preocupa es el cumplimiento de la ley y, sobre todo, la seguridad vial. Les invito a que contrasten los datos de siniestralidad de hace unos años con los de ahora", afirmó, en referencia a las obras en la carretera N-121-A.

El vicepresidente cerró sus declaraciones con un compromiso de continuidad: "Esa infraestructura se va a terminar. Se comenzó con este Gobierno y se va a terminar haciendo con este Gobierno. Lo que no va a haber es inacción, no va a haber quince años de inacción".

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Trabajo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, valoró los primeros días en la Comunidad Foral de las menores procedentes de Ceuta, después de que la semana pasada la presidenta del Gobierno de Navarra anunciara en el Parlamento la llegada "inminente" de las primeras niñas trasladadas desde la ciudad autónoma.

Maeztu explicó que ya ha llegado una parte de las cinco menores previstas y que esta semana se completará el traslado.  "Ahora mismo están acogidas en un recurso residencial y estamos trabajando con el propósito de que sean acogidas en una familia, puesto que son niñas pequeñas y entendemos que es el entorno más adecuado", señaló.

La consejera defendió la implicación de todas las comunidades autónomas en el reparto de menores: "Nosotros, como Gobierno de Navarra, siempre hemos defendido que en esta situación todas las comunidades autónomas debíamos colaborar en una situación tan dramática como la que está atravesando en estos momentos Ceuta". Añadió que Navarra "siempre" ha defendido "la legalidad de este reparto" y subrayó que "el Gobierno de Navarra ha querido mostrar, con unas plazas libres que tenía, su disponibilidad fuera de ese reparto obligatorio" para acoger a estas cinco menores, de las casi trescientas niñas que, según indicó, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.

Sobre el traslado del resto de menores, Maeztu fue crítica con la falta de avances: "Es verdad que está habiendo muchas dificultades, sobre todo por parte del Gobierno de Ceuta, a la hora de trasladar a las menores, que en este momento son las más prioritarias ,a la península". La consejera recordó que "el propio Ministerio de Infancia ha puesto a disposición ya trescientas plazas en la península para poder trasladar a estas menores, pero la tutela la tiene la comunidad autónoma de Ceuta y es quien tiene que autorizar también el traslado de esas menores".

La nueva moratoria a las plantas de biometano, hasta 2029,  será una realidad con toda probabilidad tras el paso dado por el grupo socialista que acaba de registrar en el Parlamento de Navarra una enmienda para ampliar hasta el 31 de diciembre de 2028 la moratoria a nuevas plantas de biometanización anaeróbica que gestionen residuos procedentes de fuera de sus propias instalaciones. La propuesta, según ha explicado el partido, se incorporará a la modificación de la normativa foral que regula las actividades con incidencia ambiental si logra el consenso parlamentario necesario.

Como se recordará, la patronal de empresas de energias renovables cifraron recientemente en unos 500 millones de euros las inversiones que no llegarían a Navarra si la moratoria sale adalente: unos 300 millones que podrían no materializarse y otros 200 millones adicionales que dejarían de tramitarse.

Con todo la iniciativa plantea que, hasta esa fecha, no se admitan a trámite nuevos proyectos de estas características, con el objetivo de disponer de un marco estable mientras se avanza hacia una nueva normativa foral para la implantación, el seguimiento y el control de este tipo de instalaciones.

La enmienda mantiene, además, hasta el 31 de diciembre de 2028, la suspensión de los proyectos que ya estaban paralizados cautelarmente por el Gobierno de Navarra a fecha de 1 de junio de 2026.

La moratoria contempla dos excepciones: las plantas de biometanización de autogestión con una capacidad inferior a 25.000 toneladas anuales, y las instalaciones de gestión pública vinculadas a la gestión de residuos domésticos municipales procedentes del quinto contenedor de la fracción orgánica y a la depuración de aguas residuales urbanas, siempre que gestionen exclusivamente los residuos generados en su propia actividad.

Con esta fórmula, el PSN-PSOE plantea una regulación que mantiene la moratoria para los nuevos proyectos que gestionen residuos externos, pero evita que afecte a instalaciones vinculadas a servicios públicos esenciales o a modelos de autogestión de menor capacidad.

Según recoge la propuesta, la moratoria dejará de estar vigente cuando entre en vigor una nueva normativa foral sobre implantación, seguimiento y control de las plantas de biometanización o, en todo caso, el 31 de diciembre de 2028.

Desde el partido han señalado que seguirán trabajando "desde la responsabilidad y la lealtad", aportando soluciones y herramientas que permitan a Navarra avanzar.

La Comisión de Interior, Función Pública y Justicia del Parlamento de Navarra ha resuelto hoy que el Gobierno de Navarra no ha dado cumplimiento a la resolución que, a iniciativa de UPN, le instaba a "iniciar los trámites para el traspaso de la competencia en materia de expedición, tramitación y gestión del carné de conducir". La decisión ha salido adelante con los votos en contra de UPN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin, y las abstenciones de PSN y de VOX. 

La iniciativa de UPN buscaba el traspaso de los exámenes y examinadores de tráfico como salida estructural a las listas de espera y al colapso del sistema.

La decisión de la Comisión se enmarca en el procedimiento de control del cumplimiento de las mociones previsto en el artículo 222 del Reglamento de la Cámara, que establece que, finalizado el plazo fijado para cumplir una moción, el Ejecutivo foral dispone de quince días para rendir cuentas ante la Comisión parlamentaria correspondiente.

Haciendo uso de los mecanismos de examen y comprobación habilitados en ese artículo, la parlamentaria Marta Álvarez (UPN) solicitó el pasado 2 de septiembre someter a consideración de la Comisión la respuesta del Gobierno de Navarra a los requerimientos de la resolución aprobada en Pleno. Este mecanismo puede ser activado por cualquiera de los grupos que votaron a favor de la moción.

El Departamento de Industria remitió el 15 de septiembre información sobre el estado de cumplimiento de la resolución, comunicación de la que la Mesa se dará por enterada el próximo lunes, día 21, previa audiencia de la Junta de Portavoces.

En dicha comunicación, la Dirección General de Interior sostiene que la prioridad en el ámbito de tráfico pasa por "consolidar, con plenas garantías, las funciones y servicios traspasados recientemente a la Comunidad Foral en materia de tráfico, vigilancia y circulación de vehículos a motor", y que el despliegue progresivo de estas atribuciones "exige concentrar los recursos en asegurar su correcta asimilación, antes de abordar nuevas ampliaciones competenciales que desborden el marco de prioridades presupuestarias y organizativas".

El departamento recuerda además que el permiso de conducir es un título con validez nacional e internacional que exige una homogeneidad absoluta en sus estándares técnicos, soportes físicos y criterios de evaluación, y defiende que la centralización de estas competencias en la Dirección General de Tráfico (DGT) garantiza el principio de igualdad interterritorial, asegurando que todos los ciudadanos sean evaluados bajo idénticos parámetros con independencia de su comunidad autónoma, y evitando así la aparición de brechas territoriales.

Desde la aprobación del nuevo Reglamento del Parlamento de Navarra, a finales de la pasada legislatura, han sido ya numerosas las ocasiones en que la Cámara ha examinado la responsabilidad del Gobierno foral en relación con el cumplimiento de sus resoluciones.

A la sesión, presidida por Maite Esporrín (PSN), han asistido también Marta Álvarez, Ana Elizalde, Pedro González y Javier Trigo (UPN); Ramón Alzórriz e Ibai Crespo (PSN); Adolfo Araiz e Irati Jiménez (EH Bildu); Pablo Azcona y Blanca Regúlez (Geroa Bai); Javier García (PPN); Miguel Garrido (Contigo-Zurekin); y Emilio Jiménez (Grupo Mixto).